Estas prácticas, condenadas por organismos internacionales como actos de tortura contra la comunidad LGBTQ+, implican abusos físicos y psicológicos extremos, desde abusos sexuales hasta electrochoques y supuestos exorcismos, con el objetivo de forzar a las personas a identificarse como heterosexuales.

El pleno del Senado respaldó estas reformas con una mayoría de 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, durante una extensa sesión que se prolongó casi por 12 horas. La aprobación llega apenas un mes después de que la Cámara de Diputados diera luz verde a las mismas reformas, y tras seis años desde que la iniciativa fue presentada.

Las reformas, que añaden un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, imponen duras sanciones a quienes realicen, impulsen, apliquen, obliguen o financien cualquier forma de tratamiento, terapia, servicio o práctica que busque alterar la orientación sexual o identidad de género de una persona.

Estas sanciones van desde dos a seis años de prisión, acompañadas de multas considerables que pueden ascender de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las sanciones se duplicarán si las víctimas son menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad.