En Sinaloa, ser víctima del robo de auto no implica que el problema termina si la unidad es recuperada. Para muchos ciudadanos, el proceso apenas comienza. Tras localizar el automóvil, los propietarios deben enfrentar una serie de pagos para poder recuperarlo, costos que pueden alcanzar hasta los 12 mil pesos. En un contexto donde el delito mantiene una tendencia al alza, legisladores y organismos empresariales han comenzado a impulsar reformas para eliminar estos cobros, al considerarlos una forma de revictimización para quienes ya sufrieron la pérdida de su patrimonio.

Por David Fuentes M.

Entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 se han registrado poco más de diez mil robos de vehículos en Sinaloa, lo que equivale a un promedio cercano a 19 robos diariamente. Este fenómeno, además, muestra una tendencia al alza, con un incremento del 58 por ciento respecto al año anterior.

Aunque una parte de estos vehículos es recuperada por las autoridades (en la mayoría de los casos son abandonados por los propios delincuentes), esto no significa necesariamente el fin del problema para los propietarios.

Con frecuencia, el proceso para recuperarlo implica costos adicionales por servicios de grúa, arrastre, almacenaje o pensión en corralones, cargos que deben cubrirse antes de poder retirar la unidad.

Para los ciudadanos, esta situación se percibe como una segunda carga económica tras haber sido víctimas de un delito. Los costos pueden ser significativos. Según datos presentados por el sector empresarial, el pago por arrastre y pensión puede alcanzar hasta 12 mil pesos por vehículo, dependiendo del tiempo que la unidad permanezca en resguardo.

Hasta ahora se han recuperado cerca de dos mil automóviles, lo que representaría un impacto económico acumulado de 22 millones de pesos pagados por los propietarios. 

COBROS EXCESIVOS, ¿QUÉ HACER?

Este escenario ha generado preocupación entre organizaciones empresariales y legisladores, quienes consideran que estos cobros representan una forma de revictimización, al obligar a los ciudadanos a asumir gastos derivados de un delito del cual fueron víctimas.

Ante el incremento del robo de vehículos y las dificultades que enfrentan los propietarios para recuperar sus unidades, el Congreso del Estado analiza diversas iniciativas orientadas a eliminar o reducir estos cobros.

Una de ellas fue presentada por los diputados Angélica Díaz Quiñónez y Víctor Antonio Corrales Burgueño, del Partido Sinaloense (PAS). La propuesta busca reformar el Código Penal de Sinaloa para que las víctimas de robo de vehículos queden exentas del pago de derechos relacionados con arrastre, almacenaje y maniobras cuando su automóvil sea recuperado.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis legislativo y plantea que los ciudadanos puedan recuperar su patrimonio sin enfrentar cargos adicionales derivados del delito. De aprobarse, quienes soliciten la entrega de su vehículo deberán presentar la constancia original de reporte de robo emitida por la autoridad correspondiente, acreditando que se interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía.

Los legisladores del PAS sostienen que esta medida permitiría establecer criterios claros para evitar cobros indebidos y apoyar a las familias afectadas por un delito que tiene alto impacto económico y social en el estado.

En paralelo, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también ha impulsado una iniciativa relacionada con el mismo problema. Su planteamiento propone reformar tanto el Código Penal como la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa para que las víctimas queden exentas de pagar diversos derechos administrativos vinculados al proceso de recuperación del vehículo.

EL BENEFICIO

Entre los cargos que podrían eliminarse se encuentran el arrastre, almacenamiento, reposición de placas o trámites relacionados con la tarjeta de circulación, siempre que la persona acredite su calidad de víctima y exista relación directa entre el trámite y el delito cometido.

La propuesta del PRI busca además incorporar esta exención dentro del principio de reparación del daño, con el objetivo de que el sistema jurídico reconozca que los costos derivados del proceso de recuperación no deben recaer sobre quienes sufrieron el robo.

El debate legislativo también ha sido impulsado desde el ámbito empresarial. El Consejo Intercamaral de Culiacán, encabezado por Rafael Izabal, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para eliminar obligatoriamente las cuotas de arrastre y pensión cuando un vehículo robado sea recuperado por las autoridades.

La propuesta plantea modificar el artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y adicionar el artículo 50 Bis al Código Penal, con el objetivo de eliminar pagos administrativos como grúa, corralón, almacenaje, maniobras e incluso algunas infracciones relacionadas con el proceso de recuperación.

Desde la perspectiva empresarial, obligar a las víctimas a pagar estos cargos constituye un caso de victimización secundaria institucional, concepto reconocido por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Bajo esta visión, el ciudadano no debería asumir las consecuencias económicas de un delito que no pudo evitar y que las autoridades tienen la obligación de prevenir y sancionar.