Personas sin vida que han sido localizadas amarradas de pies y manos, torturadas o acompañadas de mensajes criminales han quedado temporalmente bajo la categoría de “causa de muerte por determinar”. Policías asesinados han aparecido como víctimas de “agresión a la autoridad” y otras muertes han sido registradas como “homicidio por enfrentamiento” u “homicidio por otros”. El problema es que esas categorías pueden sacar víctimas del conteo de homicidios dolosos.

Por Redacción De Primera Noticias.

En diciembre de 2025, la Fiscalía sinaloense contabilizó 128 homicidios y reportó una disminución de 23 por ciento respecto al mes anterior. El seguimiento de medios de comunicación locales llegó a otra cifra: 166 muertes violentas, además de diez cuerpos y restos óseos encontrados en fosas clandestinas que tampoco fueron agregados al registro.

La diferencia no es menor: 38 casos no contabilizaos por las autoridades en tan solo mes.

En junio volvió a ocurrir algo parecido. Mientras el seguimiento periodístico documentó 159 homicidios, la Fiscalía reportó 116. En algunos expedientes incluso existen actas de defunción que establecen como causa de muerte un proyectil de arma de fuego, aunque las víctimas no aparecen contabilizadas como homicidios.

Lo que sucede en Sinaloa adquiere otra dimensión porque las cifras elaboradas por las fiscalías estatales no permanecen en los estados. Sus registros son enviados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con ellos se construye la estadística nacional de incidencia delictiva.

Es decir: la fotografía nacional comienza a formarse desde las fiscalías locales. Y es precisamente esa fotografía la que el Gobierno federal presenta como uno de los principales resultados de su estrategia de seguridad.

LAS ESTADÍSTICAS MAQUILLADAS

En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México alcanzó una reducción de 51 por ciento en homicidios dolosos desde el inicio de su administración, equivalente, dijo, a 44 asesinatos menos cada día. También destacó que julio registró el promedio diario más bajo de los últimos once años.

Sinaloa aparece dentro de esa tendencia. De enero a agosto de 2026 registró oficialmente 866 homicidios dolosos, 26.1 por ciento menos que durante el mismo periodo de 2025.

Pero organizaciones civiles y especialistas advierten que mirar exclusivamente el renglón de homicidios puede ofrecer una imagen incompleta de la violencia.

Causa en Común analizó diez delitos y encontró variaciones estadísticas atípicas en todos ellos, además de señales de posibles reclasificaciones en homicidio, feminicidio y secuestro y posibles subregistros en diferentes ilícitos.

Las anomalías no se concentran solamente en Sinaloa.

Durante el primer semestre de 2026, Morelos registró 514 víctimas de homicidio, nueve por ciento menos que un año antes. Mientras tanto, la categoría denominada “otros delitos contra la vida” llegó a 659 víctimas: un incremento de 114 por ciento.

¿Por qué disminuye abruptamente una categoría mientras aumenta otra relacionada con ella? La interrogante se vuelve mayor al revisar una categoría poco visible en el discurso público: “otros delitos contra la vida y la integridad corporal”.

En 2018 había ocho mil 64 víctimas registradas bajo ese concepto. Para 2025 eran 17 mil 288. En siete años, la cifra prácticamente se duplicó.

México Evalúa encontró un fenómeno todavía más amplio. Su análisis Violencia en México 2015-2025 detectó un comportamiento anómalo en categorías vinculadas con la violencia letal y recomendó analizarlas conjuntamente: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y desapariciones.

Sólo la categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad corporal” acumula un crecimiento de 368.3 por ciento desde 2015.

México Evalúa advierte que cuando una categoría relacionada con la violencia letal crece aceleradamente mientras los homicidios disminuyen, debe revisarse la posibilidad de un “desplazamiento estadístico”.

¿Y LOS DESAPARECIDOS?

Hay otra estadística que crece mientras los homicidios bajan. En 2018, México registró seis mil 442 personas desaparecidas y no localizadas. Para 2025 fueron 12 mil 733. La cifra prácticamente se duplicó.

El contraste aparece también cuando se observan entidades específicas. En Sinaloa las desapariciones superan a los homicidios desde 2017. Eso no significa que una persona desaparecida deba contabilizarse como asesinada. Causa en Común lo advierte expresamente: no puede suponerse que detrás de cada desaparición exista una muerte violenta.

Pero tampoco pueden analizarse ambos fenómenos como si no tuvieran relación alguna.

Las fosas clandestinas complican todavía más la fotografía. Los colectivos de búsqueda en Sinaloa encuentran un promedio superior a 20 cuerpos al mes, mientras en determinados periodos los registros oficiales han consignado menos hallazgos de los documentados públicamente.

El Secretariado Ejecutivo sostiene que las diferencias no necesariamente significan irregularidades: una investigación evoluciona y una muerte considerada inicialmente accidental puede convertirse posteriormente en homicidio, o viceversa. Sin embargo, también reconoce que existen entidades donde se han encontrado errores, inconsistencias y cambios derivados de criterios locales.

Una medición internacional incluida en los análisis disponibles calculó para México 20 mil 677 víctimas de homicidio durante 2025, una disminución de 19.8 por ciento. El dato confirma una reducción, pero muy alejada del 51 por ciento presentado posteriormente por el Gobierno federal bajo otro periodo de comparación.

México Evalúa llega a otra fotografía cuando reúne distintas expresiones de violencia letal: su indicador compuesto muestra una reducción de apenas 8.6 por ciento entre 2024 y 2025 y, al compararlo con 2018, un incremento de 8.6 por ciento.

Y en lugares como Sinaloa, mientras los informes anuncian menos homicidios, los colectivos continúan excavando fosas y las familias continúan buscando desaparecidos. La pregunta que cabe hacerse entonces no es cuál es el porcentaje verdadero de disminución de homicidios, sino cuántas víctimas quedaron fuera de los registros oficiales.