Las denuncias de violencia electoral en 2021, los reportes de inteligencia militar filtrados por Guacamaya Leaks y las irregularidades financieras heredadas del sexenio de Quirino Ordaz alimentaron durante años la percepción de un pacto político transexenal en Sinaloa. La relación entre el quirinismo y el rochismo no sólo habría facilitado la transición entre PRI y Morena, sino también una estructura de protección mutua. Ahora, en medio del desgaste y las acusaciones que rodean a Rubén Rocha Moya, el grupo político de Quirino vuelve a posicionarse rumbo a la sucesión estatal.

Por David Fuentes M.

Durante las votaciones del 2 de junio de 2021, la Policía Estatal –en ese entonces a cargo de Cristóbal Castañeda Camarillo– recibió instrucciones de no intervenir ante las denuncias que se presentaron en el transcurso de esa jornada electoral en varios municipios, por lo que prácticamente la corporación a cargo del gobierno del Estado se convirtió en cómplice de la violencia que se presentó en forma de secuestros, amenazas, robo de urnas y disparos con arma de fuego contra ciudadanos que se encontraban en las casillas de votación.

Lo anterior se desprende de la denuncia que, una semana después de la jornada electoral, presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para solicitar la anulación de la elección que dio el triunfo al candidato morenista Rubén Rocha Moya.

Durante la jornada electoral, el candidato Mario Zamora denunció ante medios de comunicación el secuestro de decenas de operadores políticos del PRI, así como el robo de urnas y amenazas directas contra candidatos de su partido, por lo que esa misma noche, una vez cerradas las casillas y luego de que el órgano electoral anunciara el triunfo de Rocha Moya en el conteo rápido, pidió públicamente que las personas secuestradas fueran liberadas con vida.

“Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que al parecer estaban buscando; regrésenlos, por favor. Son hombres y mujeres de bien que solo estaban tratando de hacer su trabajo y que, por el bien de sus familias, merecen estar sanos y salvos en su casa”, declaró Zamora.

EL PLAN DE QUIRINO

La no intervención de la Policía Estatal para garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral se lee retrospectivamente como una de las circunstancias que favorecieron el triunfo del abanderado de Morena, en un contexto político influenciado por la relación de abierta cercanía entre el gobierno de Rubén Rocha Moya y el exgobernador Quirino Ordaz Coppel, quien meses después fue designado embajador de México en España.

La mañana del 1 de noviembre de 2021, apenas unas horas después de dejar la gubernatura de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel abordó un vuelo rumbo a la Ciudad de México para reunirse con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El exgobernador estaba por recibir un nombramiento que obligó a los morenistas a permanecer callados: la embajada de México en España.

La designación provocó una ruptura inmediata con el PRI. La dirigencia nacional del partido consideró que aceptar el cargo equivalía a colaborar con el gobierno federal emanado de Morena. Pero en Sinaloa aquella designación se leyó como la formalización de un acuerdo político construido durante la elección de 2021.

Las denuncias de Mario Zamora Gastélum nunca derivaron en una investigación de gran alcance. Años después, documentos filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks, elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional, revelaron reportes de inteligencia militar que advertían sobre infiltración del Cártel de Sinaloa en corporaciones de seguridad estatales durante los gobiernos de Quirino Ordaz y el inicio de la administración de Rocha Moya.

Uno de esos informes, identificado como “Caso Zarigüeya”, señalaba que operadores criminales mantenían acceso a información sensible sobre movimientos de autoridades municipales, estatales y federales. El documento incluso mencionaba a un supuesto operador vinculado con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien presumía contar con un contacto cercano al entonces secretario de Seguridad Pública estatal.

La filtración ocurrió pocos días después de que Ismael El Mayo Zambada declarara, mediante una carta difundida públicamente, que durante décadas la organización criminal había mantenido redes de protección construidas a través de sobornos dirigidos a policías, militares y funcionarios.

Aunque ninguna de las revelaciones implicó acusaciones penales directas contra Quirino Ordaz, los documentos reforzaron una percepción instalada desde el proceso electoral de 2021: la idea de que la transición política en Sinaloa ocurrió en medio de un contexto de tolerancia institucional hacia la operación del crimen organizado.

EL PACTO

La relación política entre Rocha y Quirino no solamente habría permitido una suave transición entre un gobierno priista y uno morenista. También habría garantizado protección mutua. Esa percepción se fortaleció conforme comenzaron a surgir irregularidades financieras heredadas por la administración de Quirino Ordaz.

A finales de 2023, el gobierno de Rocha Moya reconoció públicamente que la administración estatal enfrentaba un conflicto millonario derivado de auditorías practicadas durante el sexenio anterior a empresas vinculadas con Grupo Coppel y Grupo ARHE.

El litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió en favor del Servicio de Administración Tributaria tras detectar irregularidades en procedimientos de fiscalización realizados por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

En un video difundido en redes sociales, Rocha Moya intentó deslindarse de la responsabilidad financiera. Afirmó que las anomalías correspondían exclusivamente al gobierno de Quirino Ordaz y reveló que el propio exgobernador le había advertido sobre el problema hasta el día de la entrega-recepción.

Sin embargo, cuando periodistas le preguntaron si presentaría denuncias penales contra el exmandatario y los funcionarios involucrados, respondió con cautela. “No sé, tenemos que revisar”, dijo. Las denuncias nunca llegaron.

Mientras el gobierno estatal reconocía públicamente el impacto económico de las sanciones, el Congreso de Sinaloa aprobaba nuevas solicitudes de endeudamiento impulsadas por la administración rochista. En enero de 2025 se autorizó un crédito por más de dos mil millones de pesos bajo el argumento de cubrir afectaciones derivadas de irregularidades financieras heredadas del sexenio de Quirino Ordaz.

En ambos casos, el discurso oficial insistía en responsabilizar a administraciones pasadas por el deterioro financiero estatal. Pero ni Quirino Ordaz ni sus colaboradores cercanos enfrentaron procesos judiciales.

EL PASADO

El exgobernador Francisco Labastida Ochoa aseguró en entrevistas con un medio local que Quirino había “preparado el camino” para la llegada de Rocha Moya y que su nombramiento diplomático había sido una recompensa política. “Se fue de embajador por eso”, declaró.

Labastida fue más allá al cuestionar la cercanía entre el grupo político de Rocha y actores vinculados históricamente con el crimen organizado en Sinaloa, retomando además episodios emblemáticos del obradorismo como el “abrazos, no balazos”, las visitas presidenciales a Badiraguato y el saludo del entonces presidente a la madre de Joaquín Guzmán Loera.

Labastida también recordó las confrontaciones de Rocha con Héctor Melesio Cuén Ojeda. Durante la campaña de 2021, Morena y el Partido Sinaloense fundado por Cuén habían construido una alianza estratégica que resultó decisiva para la victoria electoral. Sin embargo, esa relación terminó convertida en una confrontación abierta marcada por acusaciones de persecución política, uso faccioso de instituciones y disputas por el control de la universidad.

Cinco días antes de ser asesinado, Cuén Ojeda difundió un video en el que acusó públicamente a Rocha Moya de haber recibido cantidades millonarias de dinero durante la campaña electoral. “Cuando nosotros tomamos la decisión de apoyar a Morena y al maestro Rocha, el dinero sobró”, afirmó. También aseguró que, tras la elección, integrantes del entorno del gobernador comenzaron a adquirir propiedades inmobiliarias.

Paradójicamente, después de años de señalamientos, escándalos, denuncias de corrupción, presuntos vínculos criminales y una transición política marcada por sospechas de pactos e impunidad, todo apunta a que el grupo político que abrió la puerta al actual régimen podría terminar conservando el control del poder en Sinaloa. Porque mientras el rochismo enfrenta su momento más delicado, el quirinismo parece haberse replegado, esperado y sobrevivido. Y en política, muchas veces no gana el que gobierna mejor, sino el que logra mantenerse vigente cuando todos los demás comienzan a caer. Ricardo Madrid Pérez hoy aparece como esa carta de continuidad silenciosa: el delfín que, después de todo, podría terminar heredando el mismo tablero que ayudaron a construir.