Desde el 10 de agosto de 2024, cuando el abogado defensor de Ismael El Mayo Zambada difundió la famosa carta en la que no sólo explicaba que había sido secuestrado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, sino que en el cónclave convocado en Huertos del Pedregal también participarían el finado Héctor Melesio Cuén Ojeda y el gobernador Rubén Rocha Moya —hoy acusado por Estados Unidos junto con nueve de sus colaboradores de participar en una conspiración de narcotráfico en favor de la facción de Los Chapitos—, la carta del Mayo cobra relevancia. Y es que, hasta ahora, ha sido el único que ha contado una versión que coincide con los hallazgos posteriores, mientras la Fiscalía de Sinaloa, la Fiscalía federal y los gobiernos estatal y federal sólo se dedicaron a intentar encubrir lo que hoy sale a la luz desde Estados Unidos: que Rocha Moya y su grupo entregaron el estado al Cártel de Sinaloa.

Por Santiago Rentería.

Hoy más que nunca cobra relevancia la carta que, el 10 de agosto de 2024, días después de ser entregado al gobierno de Estados Unidos, difundió la defensa del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García. Pero también quedan expuestas las contradicciones de las instituciones de justicia y de la narrativa del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que no actuaron contra el gobernador Rubén Rocha Moya y sus colaboradores, a pesar de que desde entonces habían quedado exhibidos.

En el texto, Zambada explicaba que había acudido a una reunión con Joaquín Guzmán López, a la sazón su ahijado, así como con sus hermanos, para discutir el diferendo entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, un conflicto político que había escalado con denuncias ante la Fiscalía General del Estado y acusaciones dirigidas contra autoridades de la universidad.

“Me dijeron que, además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar”, decía El Mayo Zambada.

Al confiar en la naturaleza de la reunión, y al saber que estarían convocados tanto el gobernador —a quien finalmente no vio— como Cuén Ojeda, a quien sí saludó y reconoció como un amigo de años, Zambada llegó con sus escoltas a Huertos del Pedregal. Dos de ellos eran los comandantes José Rosario Heras, elemento activo de la Policía de Investigación, y Rodolfo Cháidez, ya retirado de la actividad policiaca. Pero el plan ya estaba en marcha: Zambada fue secuestrado y trasladado rumbo a Texas, mientras Cuén era asesinado.

LA FABRICACIÓN DE UNA “VERDAD”

Desde el principio, el objetivo fue hacer creer que El Mayo se había entregado por voluntad propia. También se intentó sostener que el asesinato de Cuén Ojeda ocurrió durante un intento de robo de su camioneta en una gasolinera; esa fue la versión difundida por la Fiscalía estatal, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez.

Otro punto consistía en asegurar que el gobernador había viajado ese día a California de vacaciones para visitar a un sobrino en Los Ángeles, acompañado de su hijo, Rubén Rocha Ruiz, y su familia. Hoy se sabe que Enrique Inzunza Cázarez también tenía la coartada de encontrarse fuera del país, en Canadá, al igual que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Convenientemente, ninguno se encontraba en la capital el día en que un suceso marcaría el destino de todo un grupo político.

Pero ni Los Chapitos ni Rocha y su grupo contaban con que Zambada divulgaría una carta contundente que rompió la narrativa oficial: “Tengo conocimiento de que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta”.

A lo que continuó: “Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuén era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Cháidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos desde entonces”.

Para rematar señaló en dicha carta: “Creo que es importante que la verdad salga a la luz. Esto es lo que ocurrió, y no las falsas historias que circulan”.

LA SACUDIDA

La verdad estaba ahí, y la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, comenzó a rastrearla. Rocha, fiel a su estilo, rechazó todo: aseguró que la reunión nunca existió y que, en todo caso, si a El Mayo le habían dicho que él asistiría, entonces había caído en una trampa. Así, sin más.

Andrés Manuel López Obrador, todavía presidente en ese momento, decidió proteger a su aliado político Rocha, pese al peso de las evidencias. La FGR pronto documentó que, en efecto, todo lo dicho por El Mayo sobre la finca de Huertos del Pedregal era cierto: el homicidio de Cuén ocurrió ahí y la escena de la gasolinera había sido un montaje burdo fabricado para desviar la investigación.

Nadie, salvo la fiscal Sara Bruna, pagó con el cargo tras presentar su renuncia. Entre bambalinas siempre estuvo la figura del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quien permaneció en el puesto hasta que su inclusión en la acusación federal lo obligó a dejar el cargo.

A pesar de que la FGR sostuvo que todo fue un montaje y que la Fiscalía actuó con dolo en el caso de Cuén para encubrir los hechos, las investigaciones se detuvieron abruptamente cuando Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia, mientras en Sinaloa se desataba una guerra cuyas consecuencias aún siguen golpeando al estado.

Pero el tiempo parece haberle dado la razón únicamente a El Mayo y a su carta: todo habría sido parte de un montaje del gobierno de Rubén Rocha Moya, hoy señalado y bajo presión ante la posibilidad de enfrentar acusaciones formales en una corte de Estados Unidos.