Estadios para empresarios, contratos bajo sospecha y una factura pública que persigue a Sinaloa
Durante su gobierno, de 2017 a 2021, Quirino Ordaz Coppel destinó miles de millones de pesos a estadios deportivos, infraestructura turística, inmuebles y campañas publicitarias de una manera discrecional. Investigaciones periodísticas, auditorías y observaciones del Congreso documentaron sobrecostos, contratos cuestionados y proyectos que terminaron beneficiando a grupos empresariales privados, incluyendo a familiares. Mientras Sinaloa enfrenta las consecuencias financieras de aquellas decisiones y los daños de obras como el malecón de Mazatlán, el exgobernador continúa su carrera diplomática como embajador de México en España.
Por Santiago Rentería. | Edición 453
Quirino Ordaz Coppel dejó el Gobierno de Sinaloa en octubre de 2021, pero las decisiones financieras, los contratos millonarios y las inversiones públicas realizadas durante su administración siguen siendo objeto de cuestionamientos.
Su sexenio estuvo marcado por una intensa política de construcción y remodelación de infraestructura, particularmente en Mazatlán, donde el gobierno estatal destinó cientos de miles de millones de pesos a estadios deportivos, paseos turísticos, parques y vialidades.
El caso de los estadios es uno de los más escandalosos. Recursos públicos financiaron la remodelación de inmuebles utilizados por clubes profesionales, mientras el nuevo estadio de futbol de Mazatlán quedó sujeto a un acuerdo de explotación con un equipo perteneciente al grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, que más tarde fracasó y hoy es una inversión tirada a la basura.
A ello se sumaron los gastos multimillonarios en comunicación social, los cuestionamientos a la compra y remodelación del edificio Homex, las observaciones de la Auditoría Superior del Estado y la violencia que alcanzó uno de sus episodios más graves con el llamado Culiacanazo del 17 de octubre de 2019.
Tan solo durante los primeros dos años y medio de la administración de Ordaz Coppel, la Secretaría de Obras Públicas había celebrado mil 055 contratos por un monto superior a diez mil 626 millones de pesos.
LOS ESTADIOS: CIENTOS DE MILLONES PÚBLICOS Y BENEFICIOS PRIVADOS
Durante la administración de Quirino Ordaz, los estadios deportivos se convirtieron en uno de los principales destinos de inversión pública.
El Gobierno de Sinaloa destinó 402 millones de pesos al estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, otros 400 millones al Emilio Ibarra Almada de Los Mochis y 652 millones a la construcción del estadio de futbol de Mazatlán más otros agregados que juntos superaban los mil millones de pesos.
También se reportaron 58 millones 218 mil pesos para la remodelación del estadio Dorados de Culiacán. En conjunto, esas cuatro intervenciones representaron aproximadamente dos mil millones de pesos.
En Mazatlán, el estadio Teodoro Mariscal recibió una remodelación millonaria durante los preparativos del Tianguis Turístico de 2018. La obra se realizó en un inmueble vinculado históricamente al club Venados de Mazatlán, relacionado con la familia del exgobernador Antonio Toledo Corro.
El caso del estadio de futbol de Mazatlán representa otra de las controversias sobre el uso de recursos públicos para impulsar negocios deportivos privados. El Gobierno de Sinaloa construyó el inmueble con una inversión inicial de 652 millones de pesos y posteriormente lo entregó al equipo Mazatlán FC, equipo de Ricardo Salinas Pliego, hoy fuera de la Liga tras su venta.
EL EDIFICIO HOMEX
Otra de las operaciones cuestionadas durante el gobierno de Ordaz Coppel fue la adquisición de las antiguas oficinas de Homex, ubicadas en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
En agosto de 2017, el Gobierno de Sinaloa compró el inmueble a Banco Inbursa, institución vinculada al empresario Carlos Slim Helú, por aproximadamente 174.3 millones de pesos.
El edificio había estado relacionado anteriormente con empresarios como Enrique Millán Lizárraga, hermano del exgobernador Juan Millán Lizárraga y Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, entonces presidente del Consejo de Administración de Homex.
Pero no fue solo la compra; luego el gobierno destinó otros 347 millones 727 mil pesos a reparaciones y adecuaciones. El costo acumulado del edificio alcanzaba entonces 522 millones 105 mil pesos, entre adquisición y acondicionamiento.
EL MALECÓN DE MAZATLÁN
El malecón de Mazatlán fue otro de los grandes proyectos turísticos impulsados por el gobierno de Quirino Ordaz. Entre 2017 y 2018, la administración estatal y el Ayuntamiento emprendieron una transformación del paseo costero con motivo del Tianguis Turístico de México.
Las intervenciones comprendieron banquetas, ciclovías, alumbrado, pavimentación y rehabilitación de infraestructura urbana.
Las cuatro etapas de remodelación del malecón alcanzaron entonces un costo de 263 millones 293 mil 308 pesos, aunque originalmente los contratos habían sido firmados por 204 millones 462 mil 46 pesos.
En octubre de 2026, el deterioro del malecón volvió a colocar bajo discusión la durabilidad de esa inversión. La reparación de los tramos más afectados requiere nuevas inversiones públicas, con estimaciones que superan los 40 millones de pesos en el escenario de mayor costo.
DISPENDIO EN PUBLICIDAD OFICIAL
Frente a 70.75 millones aprobados originalmente para el periodo 2017-2019, según Iniciativa Sinaloa, el gobierno de Quirino terminó gastando mil 180 millones de pesos en publicidad.
Mientras se destinaban cientos de millones de pesos a infraestructura deportiva y turística, el gobierno de Quirino Ordaz también realizó un gasto extraordinario en comunicación social, para tratar de revertir la imagen violenta de Sinaloa.
Los recursos se distribuyeron entre 293 proveedores. De acuerdo con la investigación, aproximadamente el 60 por ciento del dinero fue destinado a compañías ubicadas fuera de Sinaloa.
EL CULIACANAZO
Mientras el gobierno estatal promovía inversiones turísticas, estadios deportivos y campañas de comunicación, Sinaloa vivió uno de los episodios más graves de violencia de su historia reciente.
El 17 de octubre de 2019, Culiacán quedó bajo el control de grupos armados durante varias horas, luego de un operativo federal para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.
La reacción de integrantes del Cártel de Sinaloa incluyó bloqueos, vehículos incendiados, enfrentamientos, ataques a instalaciones y amenazas contra militares y sus familiares.
Las calles se vaciaron. Comercios cerraron, familias buscaron refugio y las autoridades fueron incapaces de restablecer inmediatamente el orden.
El gobierno federal decidió liberar a Ovidio Guzmán para evitar una escalada de violencia que pusiera en peligro a la población.
Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió públicamente la responsabilidad de esa decisión. Aunque el operativo y la liberación correspondieron al ámbito federal, el episodio sacudió la administración estatal de Ordaz Coppel y puso en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad ante la capacidad de movilización del crimen organizado.
Tras el triunfo de Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021, López Obrador anunció, durante una visita a la presa Picachos, que propondría a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España una vez concluido su mandato como gobernador. El nombramiento del mandatario priista por un presidente morenista abrió cuestionamientos sobre los acuerdos políticos entre ambos gobiernos y la continuidad de las relaciones de poder más allá de los relevos institucionales. Para sus críticos, aquella decisión confirmó las sospechas de un pacto de impunidad transexenal.