La solicitud de detención con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, proveniente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, todos acusados de narcotráfico, conspiración e importación de drogas a ese país en asociación con el Cártel de Sinaloa —específicamente con la facción de Los Chapitos—, así como de posesión y conspiración para el uso de armas de fuego y dispositivos explosivos, además de la operación del grupo criminal en la contienda electoral de 2021 que llevó a Rubén Rocha Moya a ganar la gubernatura, constituye un hecho sin precedentes.

Estos cargos penales fueron presentados por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Los implicados son: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia; Enrique Inzunza Cázarez, senador; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal con licencia de la Fiscalía; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, quien cuenta con un amparo legal contra la detención y posible extradición; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán. Los delitos que se les imputan alcanzan penas que van desde los 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.

De igual forma, el caso contempla señalamientos adicionales contra Valenzuela Millán, a quien se le imputan delitos relacionados con el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas. La pena contemplada para este caso es cadena perpetua.

El monumental problema que significó esta petición del Poder Judicial de Estados Unidos al gobierno mexicano fue demasiado, incluso para la sociedad sinaloense, acostumbrada a ser gobernada por el narco y a ver administrado el servicio público por el partido o los colores políticos en turno durante décadas. Sin embargo, nunca en la historia reciente del estado y del país había ocurrido algo siquiera cercano a lo sucedido hoy: la solicitud de detención con fines de extradición de servidores públicos en funciones.

La petición de detención con fines de extradición de los sinaloenses se basa en un acuerdo formalizado el 4 de mayo de 1978 y vigente desde el 26 de febrero de 1980. Un detalle relevante del tratado señala que debe existir la doble incriminación: es decir, que el hecho sea considerado delito en ambos países.

Artículo 11, que regula la detención provisional. Esta figura permite arrestar a una persona con fines de extradición antes de que llegue la solicitud formal, con un plazo de 60 días naturales para formalizar la petición.

Si México detiene a alguien por petición de EE.UU., el gobierno estadounidense tiene 60 días naturales para entregar la documentación formal, o la persona podría ser liberada, esto con la finalidad de facilitar la captura de personas buscadas sin esperar la pesada carga burocrática del expediente formal. Una vez detenido, el individuo es puesto a disposición de un Juez Federal para informarle de la detención y las excepciones al tratado.

La presidenta Claudia Sheinbaum y todo el bloque morenista salieron en defensa de sus compañeros de partido ipso facto. La respuesta del Estado mexicano ante la gravedad de las acusaciones fue simplemente exigir pruebas contundentes, mientras que el tratado de extradición vigente desde 1980 entre ambos países, el gobierno federal se lo pasó “por el arco del triunfo”.

La petición del gobierno estadounidense, para México y para Morena —actualmente partido gobernante—, pasó de la cancha legal a la política, fracturando aún más la relación diplomática entre ambos países y endureciendo el discurso del presidente Donald Trump respecto a terminar con el dominio que, según su narrativa, tienen los cárteles mexicanos dentro del gobierno morenista, valiéndose de una política y estrategia de Estado para lograr dicho objetivo.

Esta estrategia, firmada hace apenas unos días y catalogada como “antiterrorista”, sitúa a los cárteles mexicanos como un objetivo central de la seguridad nacional estadounidense; es decir, clasifica abiertamente la amenaza de un cártel de la droga como una organización terrorista, priorizando su neutralización mediante acciones más agresivas y, potencialmente, unilaterales.

Todo México fue testigo de la narrativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que en su gobierno se construía la política de “abrazos, no balazos”, frase pronunciada por él mismo. “Los delincuentes también son seres humanos”, decía; “esta es otra política”.

Las seis visitas de López Obrador a Badiraguato estuvieron rodeadas siempre del “tufo” de visitar a los narcos, porque todos en Sinaloa saben que a Badiraguato solo se va por dos razones: una, para pedir favores o entablar negocios con los narcos; y la otra, para visitar familiares. López Obrador no tiene familiares en Badiraguato.

La narrativa desde Palacio Nacional se convirtió en una especie de fuero para todos aquellos que habían hecho del crimen organizado un modelo de negocio dentro y fuera del país, principalmente en Estados Unidos, mediante el tráfico de drogas, fentanilo y huachicol fiscal, dos de los negocios más lucrativos durante el sexenio de López Obrador. Ahora sabemos que los cárteles y los gobiernos, principalmente el federal, eran una misma cosa. Y esto no lo dice solamente Estados Unidos: existen cientos de trabajos periodísticos de investigación que documentaron hechos de corrupción y colusión mediante videos, audios, documentos y libros.

Y hay miles, sino millones, de voces ciudadanas que denunciaron y siguen denunciando: desde las madres buscadoras, que dan testimonio y certeza de los cientos de miles de ciudadanos mexicanos desaparecidos, al grado de hacer eco en las Naciones Unidas; hasta familiares que exigen justicia por asesinatos que también se cuentan por cientos de miles; regiones enteras del país que han quedado en el abandono porque su población ha tenido que huir de la violencia, pese a que no exista un registro nacional de desplazados; y miles de negocios que deben pagar un “impuesto” o “arancel” para seguir trabajando: el derecho de piso. También están los secuestros y amenazas contra poblados enteros para apoyar las ambiciones políticas de tal o cual partido.

Y como epicentro de toda esta descomposición, Sinaloa, donde claramente el gobierno —háblese del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo— se encuentra operando para la delincuencia… En serio, en Sinaloa y México, ¿se necesitan más pruebas?