Reportaje publicado en la Edición 417
Ahora que el desaforado alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue vinculado a proceso, nadie duda que su caso tiene la intención de sacarlo de la escena política e incluso así lo hace ver él mismo en los comunicados que lanza en sus redes sociales: “Es evidente que detrás de este proceso judicial hay motivaciones que van más allá del ámbito legal”, y sí, se trata del hombre que no pertenece al grupo político del gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha protegido con todo el manto de la impunidad a los de su equipo como Enrique Inzunza Cázarez, pero le ha dejado caer la “Lawfare”, es decir, la persecución judicial contra adversarios políticos para desgastarlo y minar sus aspiraciones futuras. La pregunta que queda en el ambiente político es, después de Vargas, ¿quién será la próxima víctima del rochismo?
Por Santiago Rentería.
El miércoles 4 de junio pasado, luego de que días atrás fue detenido en Ahome, el defenestrado alcalde mochiteco Gerardo Vargas Landeros fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos.
Lo anterior dentro de la causa penal 830/2025, la cual inició la Fiscalía Anticorrupción por la negativa del exalcalde a proporcionar información requerida mediante solicitudes oficiales realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como parte de la integración de la investigación del caso de las presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por un monto superior a los 171 millones de pesos, en el 2021.
Es decir, todavía no le achacan el “uso indebido del servicio público” por el contrato del arrendamiento mencionado, aunque para el Gobierno de Rubén Rocha Moya que mueve al aparato de justicia y al Poder Legislativo, ni siquiera hace falta, pues desde el 1 de mayo, Vargas Landeros dejó la alcaldía para ya no retornar, aunque gane en todas las instancias.
Mismo caso que pasó el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, así como el de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, El Químico y por último los dirigentes de la Universidad, que lograron pactar tras el asesinato de su líder moral, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Sin embargo, con la tripulación del Trébol hundida debido a los procesos penales abiertos por Rocha y Enrique Inzunza Cázarez, quienes controlan la Fiscalía y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del mundillo político empieza a surgir la pregunta, ¿quién o quiénes serán las siguientes víctimas del rochismo con su persecución política?
IMELDA CASTRO AL FRENTE
La senadora de Morena, Imelda Castro Castro, es la única política que tiene la estatura para disputar la candidatura al rochismo hambriento en el 2027. Se trata de un perfil que no pertenece al grupo cerrado del gobernador y que incluso mantiene una alianza de facto con Gerardo Vargas Landeros.
Sin embargo, a diferencia de los otros adversarios de Rocha Moya, Imelda Castro no maneja recursos públicos desde hace más de siete años, pues llegó de senadora en 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia. Fue compañera de fórmula del hoy gobernador.
Además, Castro Castro mantiene su fortaleza en el Senado de la República, con un fuero que no podría ser alcanzado por el poder de Rocha e Inzunza, limitado al territorio sinaloense, pues para fincarle cargos a Imelda tendrían que, primeramente, inventarle un delito como a los otros, y segundo, tener mayoría en el Senado para desaforar. Ninguno de los dos escenarios se ven posibles.
Y es que la senadora, a diferencia de Vargas, mantiene una intensa movilización por todo el estado, sumando equipos a su estructura, y se habla que será la sucesora por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque Rocha está pidiendo la candidatura para su delfín, Enrique Inzunza.
De hecho, otra mujer que busca, pero la alcaldía de Culiacán, es Merary Villegas Sánchez, quien ahora se le ve cerca a Imelda Castro, pues sabe que militando dentro del grupo del gobernador no habrá nada para ella. De modo que no sería sorpresa que salieran a la luz escándalos de Merary si se empeña en quitarle la candidatura a Juan de Dios el próximo trienio.
¿SERGIO TORRES Y PAOLA GÁRATE?
Sergio El Cholo Torres y Paola Gárate, actuales diputados en el Congreso local, se han caracterizado por ser acérrimos críticos de los gobiernos de Morena, sin embargo, entre los dos ni siquiera generan suficiente movilización para entrar en la terna de los enemigos del gobernador.
Tampoco otros integrantes del PRI o de Acción Nacional, que se han caracterizado por gestiones grises y con discursos que no despiertan emotividad en la ciudadanía.
Sin embargo, con el hambre del rochismo por controlar todas las áreas, no sería sorpresa que se activara en cualquier momento la “lawfare”, es decir, “la guerra jurídica”, aquella que se le da uso a la ley y los procedimientos judiciales para perseguir, desacreditar o dañar a un adversario político, como todos los casos arriba explicados.