Una propuesta que raya en el autoritarismo disfrazado de civismo ha sido presentada recientemente en la Cámara de Diputados. El legislador Luis Enrique Miranda Barrera, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha impulsado una iniciativa que busca castigar con la cancelación temporal de la credencial del INE a los ciudadanos que no acudan a votar en elecciones, consultas populares o procesos de revocación de mandato.
De aprobarse, esta medida convertiría la abstención electoral en un motivo de sanción directa, negando a los ciudadanos su principal documento de identidad durante un año. Es decir, quien decida —por convicción, inconformidad o incluso por circunstancias personales— no acudir a las urnas, será castigado con la pérdida temporal de su derecho a identificarse oficialmente. No solo se compromete el acceso al sistema electoral, sino a servicios bancarios, trámites gubernamentales, atención médica y un sinfín de procesos cotidianos.
La iniciativa, aún pendiente de discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, se justifica bajo el argumento de que el voto es lo que da legitimidad a los gobiernos y fortalece la democracia. Se cita el ejemplo de países como Bélgica, Brasil o Argentina, donde el sufragio es obligatorio. Sin embargo, lo que el diputado omite es que en esas naciones existen estructuras sólidas de educación cívica, garantías jurídicas y excepciones bien definidas, además de que no se priva al ciudadano de un derecho básico como la identificación oficial.
En México, donde la desconfianza en las instituciones es creciente, imponer el voto por la vía del castigo solo profundiza la crisis de legitimidad que tanto se busca combatir. Votar debe ser un acto libre, informado y voluntario, no una obligación coercitiva con consecuencias administrativas desproporcionadas.
No se trata de promover el abstencionismo, sino de recordar que el voto también implica la libertad de decir “no” cuando ninguna opción representa al ciudadano. Penalizar ese silencio es, paradójicamente, una forma de violencia institucional.
Si la intención es aumentar la participación, el camino no está en el castigo, sino en la confianza. Y eso se construye con transparencia, información y verdadera representación.
Porque en democracia, hasta el derecho a no votar, debe ser respetado.