Actualmente el gatopardismo político se encuentra más vivo que nunca con los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación: es la estrategia de cambiar todo para que nada cambie o que las estructuras de poder permanezcan igual adaptándose a las circunstancias para que continúen intocables sus posiciones de privilegios frente a una transformación real y profunda.

El caso de Sinaloa en el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, es el claro ejemplo del gatopardismo político. La construcción de estadios deportivos, con dinero público, para equipos profesionales ha sido la constante durante las dos últimas décadas. En 2018 se hablaba de una inversión que rondaba los dos mil millones de pesos en seis estadios, cuatro de beisbol y dos de futbol. Convirtiendo a Sinaloa en la entidad que destinó más recurso público a la construcción de este tipo de inmuebles en todo el país.

En su mayoría bajo concesiones o convenios leoninos ante empresarios o políticos voraces que poseen millonarias fortunas. El tema del despojo de bienes públicos, donde intervienen directamente funcionarios del más alto nivel, comúnmente el gobernador en turno, se convierten en verdaderos secuaces de empresarios locales y nacionales, que sólo ven en el deporte profesional, el lucro constante, pero también lavar imágenes y promover cuadros políticos.

El deporte y su afición jamás les ha importado. Y aquí es donde cabe hacer una clara separación, ningún proyecto presentado por algún equipo profesional que planteaba detonarse en la juventud sinaloense se ha cumplido a cabalidad por parte de los empresarios, según concesión, convenio o contrato, el incumplimiento por parte del empresario y la colusión de funcionarios es la constante. Todo queda en la opacidad e impunidad, el futbol es el claro ejemplo.

En 2018 el entonces gobernador de Sinaloa, el priista, Quirino Ordaz Coppel, destinó 500 millones de pesos para la construcción de un estadio en Mazatlán, donde Quirino tiene sus hoteles. Ordaz Coppel arbitrariamente, teniendo la mayoría en el congreso local, no realizó ningún tipo de consulta con el legislativo, como lo ordena el artículo 25 de la Ley sobre inmuebles del Estado y Municipios de Sinaloa.

En aquel entonces Morena era minoría en el congreso. Era la LXIII Legislatura y Graciela Domínguez Nava era quien encabezaba al grupo morenista desde la Comisión de Fiscalización donde era la presidenta. Junto a ella se encontraba, Yeraldine Bonilla Valverde, como presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, ambas señalaron tajantemente en medios de comunicación y en ruedas de prensa la probable corrupción en torno a la construcción del estadio de futbol en Mazatlán, responsabilizando directamente al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de manejarse fuera de la ley y evitando a toda costa que el proceso legal de la concesión o convenio del estadio pasara por el congreso como lo estipula la ley.

La denuncia se realizó por escrito y fue dirigida al entonces fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, y a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Reyna Angulo Valenzuela. En rueda de prensa Graciela Domínguez, hoy parte del régimen que gobierna como diputada federal de morena, en aquel tiempo soltó: “Fue la visión patrimonialista, privada, de beneficio a los grandes ricos de este país, el que ahí, sí, se les otorga dinero público, ahí, sí, no se les llama una política huevona, de mantenimiento a los ricos… vale la pena de nuevo recordarles, dinero público que se invierte a privados en los estadios… lo único que buscan es continuar con la misma política de derroche de dinero”, sentenció.

Por su parte, Yeraldine Bonilla Valverde, que en esa legislación acompañó en todo el proceso de denuncia a Domínguez Nava, fue la presidenta de la mesa directiva en la actual legislación, la LXV. Después de ser ridiculizada en un evento público por el gobernador al señalarla de “meserita de lonchería”, situación que se volvió tema en noticieros a nivel nacional, actualmente Rocha la tiene de secretaria de Gobierno.

Quirino Ordaz evadió el proceso legal entorno a trasparentar y dar cauce como lo señala la Ley sobre Inmuebles del Estado, nunca pasó por el congreso y al final sacaron un contrato como documento legal. El estadio y proyecto de Ricardo Salinas Pliego, terminó saliéndonos en más de mil millones de pesos, y por su pleito con AMLO se retira de Mazatlán y el futbol.

Quirino nunca ha sido llamado ante ninguna autoridad por todas las ilegalidades que se derivaron de la construcción y manejo de concesión del estadio, AMLO lo premió con la embajada de México en España.

Actualmente ni Graciela Domínguez Nava, que incluso se habla de candidateable para la gubernatura, ni Yeraldine Bonilla Valverde, han tocado el tema, simplemente lo depositaron en el basurero de las apariencias, engaños y cinismo de la 4T… Éste es el cambio que prometieron los morenistas para que todo permaneciera igual. Sólo cambiaron los actores.