La organización Defensorxs presentó ante la FGR una denuncia contra 55 políticos sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado y por haberse beneficiado de la intervención del Cártel de Sinaloa en la elección de 2021. Entre los señalados se encuentran Rubén Rocha Moya, Quirino Ordaz Coppel, alcaldes y legisladores locales como federales, mientras que colectivos ciudadanos han intensificado protestas para exigir investigaciones sobre la presunta infiltración del narcotráfico en la política mexicana.
Por David Fuentes M.
El pasado 7 de mayo, integrantes de la organización civil Defensorxs acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, con una denuncia contra políticos sinaloenses por su presunta relación con el crimen organizado.
El documento señalaba a 55 políticos sinaloenses, principalmente militantes de Morena, pero también a figuras de otros partidos, por presuntamente haberse beneficiado de la intervención del Cártel de Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.
Entre los nombres incluidos en la denuncia aparece el del exgobernador y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. También figura el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como alcaldes, exalcaldes, diputados federales y locales que obtuvieron cargos en aquella elección.
La denuncia fue presentada por Miguel Alfonso Meza y Leonardo Zúñiga, integrantes de Defensorxs y de la plataforma Narcopolíticos, quienes solicitaron a la FGR investigar posibles delitos electorales, delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud.
Para Defensorxs, la elección de 2021 en Sinaloa representa un caso paradigmático de intervención criminal en los procesos democráticos. Según la organización, la participación de Los Chapitos no se habría limitado a favorecer a Rocha Moya, sino a otros candidatos a alcaldías y diputaciones locales y federales, por lo que sostienen que los beneficiarios de aquel proceso deben ser investigados.
Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Quirino Ordaz Coppel. De acuerdo con la denuncia, el exgobernador tendría que ser investigado debido a que se encontraba al frente del gobierno estatal durante el desarrollo de aquel proceso electoral.
Miguel Meza afirmó que Ordaz fue omiso ante la intervención del crimen organizado en la elección que favoreció a Rocha Moya a cambio de recibir el nombramiento como embajador de México en España.
LOS SEÑALADOS EN LA DENUNCIA
La denuncia también incorpora a funcionarios y exfuncionarios que han sido objeto de investigaciones o señalamientos por parte de autoridades estadounidenses. Entre ellos se encuentra el propio Rocha Moya, cuyo nombre aparece además en la plataforma digital Narcopolíticos, un proyecto impulsado por el propio Miguel Meza.
Narcopolíticos surgió después de la experiencia de Defensorxs durante la elección judicial. Según explicó Meza en una entrevista reciente, el proyecto nació con el propósito de documentar y concentrar información pública sobre funcionarios y actores políticos que han sido vinculados, señalados o investigados por presuntas relaciones con organizaciones criminales. La intención, sostiene, es construir una memoria pública sobre los casos en los que la política y el crimen organizado aparecen entrelazados.
En esa plataforma aparece una ficha dedicada a Rubén Rocha Moya. El perfil recopila distintos señalamientos difundidos en años recientes, entre ellos acusaciones relacionadas con el financiamiento criminal durante la campaña de 2021, referencias a denuncias presentadas en tribunales estadounidenses y menciones sobre el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Narcopolíticos ha documentado decenas de casos en distintos estados del país, incluyendo gobernadores, legisladores y funcionarios de diversos partidos políticos. La organización sostiene que la narcopolítica no es un fenómeno exclusivo de un solo partido político, sino que se trata de un problema estructural que atraviesa diferentes regiones e instituciones del Estado mexicano.
LAS LONAS POR TODAS PARTES
Mientras la denuncia avanza en la FGR, otro frente contra la narcopolítica ha comenzado a desarrollarse en distintas ciudades de México. Durante las últimas semanas, integrantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz desplegaron mantas y lonas en espacios públicos para denunciar la protección institucional hacia funcionarios vinculados con el crimen organizado.
Una de las acciones más visibles ocurrió durante el mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, donde en uno de los edificios cercanos fue colgada una manta en la que se hace referencia a la protección que Rocha Moya recibe por parte del gobierno federal.
Antes de ello, el colectivo había realizado intervenciones similares en el Zócalo capitalino, donde también fueron desplegadas mantas con fotos y nombres de figuras de la politica nacional, entre ellos Rocha Moya, a quienes el Estado mexicano ha decidido no tocar alegando soberania frente a Estados Unidos.
Defensorxs ha solicitado ser reconocida como víctima dentro de la carpeta de investigación para tener acceso a las diligencias y dar seguimiento al expediente. También pidió que todas las denuncias relacionadas con la elección sinaloense de 2021 sean concentradas en un mismo procedimiento.
Las acciones de protesta y la denuncia presentada por Defensorxs forman parte de una misma discusión que ha cobrado fuerza en los últimos meses: el papel que el crimen organizado ha desempeñado en los últimos años en México, tanto en los procesos electorales como posteriormente, en la toma de decisiones, en el manejo del presupuesto y hasta en el nombramiento de servidores públicos.