El manejo de la narrativa oficial ante los hechos de corrupción, narcopolítica, crimen organizado, descomposición del Estado y el uso faccioso de las instituciones en México, principalmente de aquellas que tienen el deber de procurar justicia, forma el esqueleto de lo que hoy se señala desde Estados Unidos como “una narcocracia”.

‘La Mañanera’ es el ágora sobre la cual se construye una narrativa de Estado que convierte la realidad en una ficción fundamentada en el rencor y la frustración hacia la clase política contraria al morenismo, que, según esta narrativa, es la culpable de todos los problemas que suceden en México. Estos problemas son atemporales: pertenecen al pasado, al presente y al futuro.

En ese contexto, Rubén Rocha Moya, actualmente gobernador con licencia de Sinaloa, construyó su propia ágora en las semaneras, desde donde sostenía su narrativa de que en Sinaloa todo está bien: es el mejor lugar para vivir, nadie en su gobierno es corrupto, Sinaloa es una de las cinco mejores economías del país, en el estado hay separación de poderes, no existe persecución política, no gobierna el Cártel de Sinaloa, no existe el odio de Rocha hacia Cuén, la violencia es focalizada, el asesinato de menores no es frecuente y hay medicinas en los hospitales.

Y, sobre todo, sostenía su máxima: “No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema… Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones”, comentó el hoy escondido gobernador con licencia el pasado 10 de agosto de 2024, en un evento en Culiacán ante el expresidente López Obrador y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

Ambos respaldaron a Rocha tras el señalamiento, vía carta, de Ismael El Mayo Zambada, quien aseguró que había sido citado el 25 de julio en la finca Huertos del Pedregal, en la capital del estado, donde asesinaron al exrector Héctor Melesio Cuén y secuestraron al propio Mayo Zambada. Lo demás es una historia que se sigue contando y sufriendo en Sinaloa.

Pero en esa narrativa construida desde las semaneras de Rocha, esa “verdad” del rochismo se dispersaba en los medios de comunicación afines o que estaban en nómina. Todo de lo que hoy se habla acerca de “los 10 de Sinaloa” era algo que muchos en el estado sabían, aunque pocos se atrevían a mencionar.

La narrativa del rochismo se construyó desde las teclas de los principales medios de comunicación locales y desde las columnas de opinión de periódicos, revistas y portales. No sólo eran visibles; además presumían su concordancia con la narrativa rochista. Actualmente, varios de esos mismos actores se presentan como procuradores de la verdad ante medios nacionales. Esa es otra clase de corrupción que debe señalarse si realmente se quiere generar un cambio en el tejido social.

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a festejar en la mañanera del pueblo el Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

“En 2025 ocurrió la mejora más significativa en la paz en México; representa la mejora más importante de la paz en una década… La honestidad y el amor al pueblo dan resultados”, señaló en su mañanera.

Esa es la narrativa oficial desde Palacio Nacional. La realidad para Sinaloa es escalofriante: el estado sufrió el deterioro más severo a nivel nacional y cayó hasta el lugar 31 de las 32 entidades, apenas por encima de Colima.

El saldo anual también refleja el quiebre: Sinaloa pasó de mil 022 homicidios en 2024 a mil 732 en 2025. El informe atribuye este repunte al conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente después de septiembre de 2024, cuando la disputa dejó de ser latente y se convirtió en una confrontación abierta.

Culiacán aparece como el rostro más visible de esa crisis. La capital sinaloense pasó de una tasa estimada de 64 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024 a 107 en 2025, lo que la colocó como el segundo municipio grande con mayor tasa de homicidios del país, sólo detrás de Manzanillo, Colima.

Pero el deterioro no se quedó en las estadísticas criminales. El impacto económico de la violencia en Sinaloa aumentó 38.5 por ciento en 2025, el mayor incremento entre todos los estados. El costo total fue calculado en 170.5 mil millones de pesos, equivalente al 24.7 por ciento del Producto Interno Bruto estatal. Esa es la realidad en números que contrasta con la narrativa oficial.

Estos datos, se lee en el documento, tienen como punto focal septiembre de 2024, precisamente el caso Huertos del Pedregal que da origen a todo. No hubo consecuencias a nivel nacional, pero Estados Unidos, por medio del Departamento de Justicia, giró una orden de detención con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve individuos por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y colusión con Los Chapitos en la contienda electoral de 2021.

Esto caló hondo en la estructura del partido en el poder. La misma presidenta lleva semanas escondiendo y defendiendo a Rocha Moya, minimizando la gravedad de los cargos y la inevitable realidad de que, para los ocho que quedan —entre ellos Enrique Inzunza—, solo es cuestión de tiempo ser llevados, de una u otra manera, ante la justicia estadounidense.

Sheinbaum se envuelve en la bandera de la soberanía y utiliza su narrativa para denostar a la oficina de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una de las más influyentes de aquel país, al llamarla “una oficinita”.

“En el documento que emitió el gobernador… en un párrafo señala lo siguiente: ‘Lo digo claramente y con contundencia: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza’”, leyó Yeraldine Bonilla en el Congreso local después de ser investida como gobernadora sustituta, al tiempo que expresaba su respaldo total a Rocha Moya.

No sé qué es más grave, en el contexto de la narcopolítica que hoy se señala jurídicamente desde una corte estadounidense, para Sinaloa y para México: que la presidenta le apueste a que la denuncia proviene de “una oficinita” o que, a Sinaloa, y a una gobernabilidad que se cae a pedazos, esté a cargo “una meserita”.