La petrolera estatal mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex), atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia. Mientras el gobierno federal asegura que la situación está bajo control, proveedores, trabajadores y empresarios denuncian lo contrario: falta de pagos, cierres de empresas y una deuda que ya rebasa los 400 mil millones de pesos.

Durante un evento reciente en el Hospital Materno Infantil de Ciudad del Carmen, la presidenta anunció que en julio “se normalizarán los pagos a proveedores de Pemex”. Esta promesa llega días después del ultimátum lanzado por la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, que advirtió sobre una posible suspensión de operaciones si no se saldan los adeudos.

Las cifras preocupan: según reportes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pemex cerró el año pasado con pérdidas por más de 620 mil millones de pesos, el mayor nivel en 13 años. Y este 2025, la deuda con proveedores ha crecido 260% respecto a 2018.

Como medida emergente, el gobierno informó que ya se realizó una primera entrega de 147 mil millones de pesos para cubrir pagos atrasados. Sin embargo, las protestas no se han detenido. Incluso durante la visita presidencial, empresarios afectados se manifestaron afuera del hospital exigiendo lo que se les debe desde el año pasado.

Mientras tanto, las inversiones productivas siguen sin dar resultados claros, y Pemex continúa drenando recursos públicos sin garantizar eficiencia ni transparencia.

La pregunta es directa: ¿Hasta cuándo el gobierno seguirá apostando por rescatar a Pemex sin exigirle resultados? Porque por ahora, lo único que abunda son las deudas… y las promesas