Se cumplen diez años de la peor tragedia que ha ocurrido en Culiacán: en noviembre de 2010, seis trabajadores de Coppel murieron en un incendio mientras se encontraban encerradas haciendo un inventario. En su momento fueron señalados como responsables Marco Antonio de Alba, ex director de Protección Civil municipal, y Rafael Estrada, gerente de Mantenimiento de la empresa. Sin embargo, nadie pagó por la muerte de las mujeres y hoy más que nunca, cuando la sociedad civil ha tomado el control de la discusión pública, sigue vigente la exigencia de justicia.

Por Redacción De Primera Noticias.

Claudia Janeth Bernal Delgado (25 años), Mariana López Soto (24), Carmen Selene Moreno Zazueta (36), Verónica Picos Bastidas (22), Perla Zapata (25) y Rosa Imelda Félix (26) tuvieron la peor muerte que un ser humano pueda tener: la noche del 9 de noviembre de 2010 murieron asfixiadas durante un incendio que se registró en una sucursal de Coppel en el centro de Culiacán.

Eran las 21.55 horas cuando en el número de emergencias se recibió una llamada en la que una empleada de Coppel sucursal Hidalgo reportaba un incendio en el interior de la tienda donde estaban encerradas.

Después de esa primera llamada desde su celular, Claudia le habló a un amigo policía para pedirle ayuda y suplicarle que él también hablara a los bomberos y a la cruz roja para que acudieran a rescatarla a ella y a sus compañeras.

Las seis mujeres se encontraban encerradas en la tienda mientras hacían un inventario nocturno. No podían salir a la calle porque la política de la compañía establecía que durante los inventarios nocturnos los empleados debían permanecer encerrados con candados para evitar robos.

El amigo de Claudia habló a Bomberos y a Protección Civil y él mismo acudió, junto con la madre de Claudia, a la tienda en la calle Miguel Hidalgo. Todavía pudieron comunicarse una vez más con ella a su celular.

Claudia les informó que ella y sus compañeras encontraban en un área del segundo piso, resguardadas en un cuarto porque el resto del área ya estaba cubierta con humo negro. La comunicación se cortó. El amigo volvió a marcar pero Claudia ya no contestó. A lo largo de la noche seguiría intentando comunicarse con ella hasta que dejaron de entrar llamadas al celular.

Los bomberos de la Unidad Central, de El Vallado y de la colonia 6 de enero se presentaron en el área unos minutos después del primer reporte al 066. También comenzaron a llegar ambulancias de la Cruz Roja incluyendo una que procedía de la delegación Navolato. Los bomberos no pudieron abrir los candados y comenzaron a romper los seguros de las cortinas metálicas. Al conseguirlo, una intensa nube de humo negro fue expulsada al exterior.

En la zona se concentraron más de 80 elementos de Protección Civil, bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y del Hospital Civil de Culiacán. Tránsito Municipal tuvo que cerrar las avenidas Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Alrededor de la media noche ya estaban los familiares de las seis empleadas de la tienda en la calle Hidalgo. Durante horas los bomberos estuvieron combatiendo el fuego. Fue hasta las cinco de la mañana cuando pudieron rescatar los cuerpos de las empleadas. Estos fueron llevados al Semefo para que los familiares los reconocieran.

Todavía, a las diez de la mañana, el incendio volvió a avivarse y fue necesaria derrumbar el frente de la tienda con una máquina retroexcavadora. Los negocios de la calle Hidalgo fueron evacuados y los comerciantes incluso comenzaron a sacar su mercancía ante el temor de que el fuego se expandiera a los locales vecinos.

El ex alcalde interino Carlos David Ibarra Félix, quien sustituyó a Jesús Vizcarra Calderón cuando este anunció su intención de lanzarse a la gubernatura, envió sus condolencias desde la Ciudad de México, donde se encontraba en una convención.

La tragedia consternó a la opinión pública y de inmediato se escucharon decenas de voces que instaban a la entonces Procuraduría General de Justicia a no dejarse intimidar por el apellido de los empresarios dueños de la tienda departamental.

Sin embargo, las peticiones de justicia fueron en vano. El poder empresarial de los Coppel impidió que los señalados de ser los responsables de la tragedia fueran procesados y recibieran una sentencia.

Las familias de las víctimas fueron silenciadas o conformadas con una serie de compensaciones que incluyeron un seguro de vida por 240 mil pesos, seguro de gastos médicos para los familiares, becas de estudio para los hijos de las víctimas y la entrega del salario quincenal de las empleadas durante diez años a los familiares.

En aquel entonces, el exsubprocurador de justicia de la zona centro, Julio César Romanillo Montoya, señaló que los responsables de la tragedia eran Rafael Estrada López, gerente de mantenimiento de las tiendas Coppel, y Marco Antonio Martínez de Alba, ex director de Protección Civil Municipal durante la administración de Vizcarra Calderón.

El primero por ser el responsable de darle mantenimiento y vigilar la seguridad de las sucursales de la tienda departamental. El segundo por ser responsable de vigilar que las empresas en el municipio cumplieran con los requerimientos en materia de seguridad.

A pesar de que el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal en Culiacán giró contra ellos orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo, ninguno fue a prisión pues consiguieron un amparo que impidió su detención y alcanzaron la libertad bajo caución, por lo que sólo acudían a firmar periódicamente en las instalaciones del penal.

A pesar de esos antecedentes, Jesús Estrada Ferreiro nombró como director de Protección Civil Municipal al propio Martínez de Alba en noviembre de 2018.

De acuerdo con un informe de la Ley Federal del Trabajo y Previsión Social emitido semanas después de la tragedia, hubo una serie clara de violaciones a la Ley del Trabajo que atentaron contra la vida de las empleadas.

Fue Protección Civil Culiacán, bajo la dirección de Martínez de Alba, la que se encargó en marzo de ese año de revisar y avalar que la empresa operaba en regla, por lo que no hubo cambios en las instalaciones de la Tienda Coppel Hidalgo para que funcionaran salidas de emergencia y detectores de humo.

Los dueños de la empresa nunca fueron llamados a declarar. Los Coppel contrataron la asesoría jurídica del despacho de Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y de Germán Martínez, ex dirigente nacional del PAN, ex director del IMSS y ahora senador por Morena.

Los abogados consiguieron convencer a las familias de las víctimas de aceptar las compensaciones en dinero, becas y seguros a cambio de que no emprendieran acciones legales contra la empresa. Solo se levantaron expedientes contra una veintena de implicados en grado menor aunque ninguno de ellos recibió cárcel.

Cumplidos los 10 años de la tragedia, el plazo establecido en el acuerdo que los abogados de Coppel les ofrecieron a las familias para que continuaran recibiendo el salario de las trabajadoras, se venció. La mínima justicia a la que habían podido acceder los hijos y los padres de las víctimas llegó a su fin. Barato le salió al consorcio empresarial deslindarse de su responsabilidad.