Ante la alerta lanzada esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculó a tres instituciones financieras mexicanas con posibles operaciones de lavado de dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente los señalamientos al afirmar que “no hay pruebas contundentes”. Aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda sólo han recibido información “general y sin evidencia sólida”.

En conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que los movimientos sospechosos involucran transferencias entre empresas mexicanas y chinas, las cuales —según las autoridades hacendarias— están legalmente registradas y realizan actividades comerciales regulares. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por su parte, únicamente detectó “faltas administrativas menores” en las entidades señaladas.

Sin embargo, lo que la presidencia define como “medidas preventivas” ha despertado suspicacias: una de las instituciones involucradas es Vector, propiedad de Alfonso Romo, empresario regiomontano y exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Pese al tono firme de la mandataria al declarar que “si hay pruebas se actúa, pero si no las hay, no se puede acusar con dichos”, el mensaje dejó un sabor a déjà vu. Sheinbaum apeló al caso del general Salvador Cienfuegos —exonerado en México tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico por autoridades estadounidenses— como ejemplo de acusaciones infundadas.

Pero mientras el gobierno federal insiste en la falta de evidencia, el país carga con una larga sombra de omisiones y blindajes en temas financieros delicados, especialmente cuando las figuras involucradas han estado cercanas al poder político.

La respuesta mexicana también evidencia una grieta creciente entre el gobierno de Sheinbaum y la administración estadounidense en temas de inteligencia financiera. México solicitó formalmente más información a Washington, pero hasta ahora, no ha recibido datos concluyentes.

¿Dónde está el límite entre prudencia diplomática y opacidad institucional?
El caso aún no arroja certezas, pero sí un viejo patrón: se abren investigaciones solo cuando las acusaciones cruzan la frontera… aunque las redes del poder económico permanezcan intocadas.