Por Redacción

Desde el día de la elección de 2021, en la que Rubén Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, la oposición denunció violencia a lo largo de la jornada electoral: levantones, robo de urnas, amenazas y disparos. Todo eso quedó documentado. Para el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en cambio, los narcos se habían “portado bien”. A cinco años de aquel proceso electoral, con Rocha fuera de Palacio de Gobierno, las denuncias presentadas por autoridades de Estados Unidos reviven aquella jornada en la que inició la peor pesadilla que ha enfrentado Sinaloa en los últimos tiempos.

La acusación presentada el 29 de abril por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y un grupo de nueve funcionarios estatales, revivió las denuncias que se presentaron desde 2021 sobre lo ocurrido durante la jornada electoral del 6 de junio, que dio el triunfo al candidato de Morena.

De acuerdo con el expediente del Departamento de Justicia, la elección estuvo marcada por la intervención del Cártel de Sinaloa, en concreto de la facción de Los Chapitos, mediante robo de urnas, intimidación a opositores y secuestro de operadores políticos, con el objetivo de influir en el resultado.

El documento judicial sostiene que, previo a la elección, se habrían realizado reuniones entre el candidato morenista y líderes criminales, en las que se pactó apoyo electoral para Rocha Moya a cambio de entregar posiciones a Los Chapitos dentro de la estructura del gobierno estatal.

También refiere la presunta elaboración de listas con datos de candidatos opositores para facilitar actos de presión en su contra, así como instrucciones a corporaciones de seguridad para que no intervinieran durante la jornada electoral, lo que habría permitido la actuación de grupos armados en distintos municipios.

Estas acusaciones contrastan con la reciente postura del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien afirmó que el Gobierno federal “nunca tuvo indicios” de nexos entre Rocha Moya o funcionarios estatales con la delincuencia organizada.

Las declaraciones cobran relevancia al contrastarse con lo dicho por el propio Rocha Moya durante la campaña de 2021. En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el entonces candidato planteó la necesidad de establecer mecanismos de interlocución con el crimen organizado.

“Hay que buscar una forma de hacerlo… los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico… en ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de Estado”, expresó.

Tras los comicios, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador incluso sostuvo que la delincuencia organizada se había portado “bien” —“se portó bien”, declaró en una conferencia mañanera posterior a la elección—, al considerar que hubo menos violencia en comparación con procesos electorales anteriores.

Sin embargo, las denuncias de partidos de oposición documentaron múltiples hechos de violencia antes y durante la votación. El 13 de junio de 2021, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para solicitar la nulidad de la elección, en la que Rocha Moya obtuvo el 56.60% de los votos frente al 32.49% de Mario Zamora.

En ese recurso, el PRI argumentó que el proceso se desarrolló en un contexto de “violencia generalizada” que vulneró los principios constitucionales de libertad del sufragio y equidad. Entre los hechos denunciados se incluyeron privaciones de la libertad de operadores políticos, ataques a casas de campaña, amenazas a candidatos y presencia de grupos armados en diversas regiones del estado.

Previo a la jornada, se reportó el secuestro de José Alberto Salas Beltrán, secretario de Organización Electoral del PRI, además del “levantón” del hermano de la candidata a la alcaldía de Badiraguato, Guadalupe Iribe, así como ataques a operadores políticos y desapariciones temporales de funcionarios.

En el mismo periodo, el candidato del Partido Encuentro Solidario, Ricardo Arnulfo Mendoza, comenzó a utilizar chaleco antibalas ante el clima de inseguridad y denunció restricciones para realizar eventos en municipios como Navolato y Mocorito.

Durante el día de la elección, el PRI reportó al menos 50 denuncias por privación de la libertad y amenazas a simpatizantes. Se documentaron robos de urnas, disparos en las inmediaciones de casillas, persecuciones, suspensión de votaciones y presencia de hombres armados. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que grupos armados sustrajeron material electoral en al menos 51 casillas en municipios como Ahome, Guasave y Guamúchil.

Datos oficiales del IEES y del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES) reconocieron la existencia de 206 incidencias durante la jornada, de las cuales 23 derivaron en la suspensión definitiva de casillas, lo que representó el 0.47% de un total de 4,986. De esas, seis fueron por riesgo de violencia y 16 por robo o destrucción de material electoral.

El propio IEES documentó que en al menos 16 casillas sujetos armados, algunos con armas de alto calibre, sustrajeron urnas y amenazaron a funcionarios. En municipios como Ahome se reportó la irrupción de personas encapuchadas que obligaron a suspender votaciones y se llevaron documentación electoral.

A pesar de estos registros, el Tribunal Electoral validó la elección de 2021. En su resolución, concluyó que los incidentes no alcanzaron el nivel de generalización requerido para anular los comicios y sostuvo que las casillas operaron en condiciones de “aceptable normalidad”. El recurso presentado por el PRI fue desechado.

Las denuncias de violencia también fueron respaldadas por testimonios de candidatos. Mario Zamora, abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, afirmó que la elección estuvo marcada por una intervención “sin precedentes” del crimen organizado. Recordó que la noche de la jornada pidió la liberación de personas retenidas y señaló que integrantes de su equipo enfrentaron secuestros y amenazas.

Entre los casos mencionados destaca el de Guadalupe Iribe, quien declinó su candidatura tras el secuestro de su hermano el día de la elección. Zamora también denunció el levantón del secretario de Organización del PRI y aseguró que en diversas casillas “llegó gente armada y se llevó las urnas”.

Todo lo que señalan las autoridades de Estados Unidos estaba perfectamente documentado por medios mexicanos desde el mismo día de la elección. Las denuncias en la corte de Nueva York solo confirman lo que en Sinaloa ya se sabía y que el gobierno mexicano decidió ignorar.