Reynosa, Tamaulipas.– El asesinato de Ernesto Cutláhuac Vázquez Reyna, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, ha encendido las alertas del Gobierno Federal, luego de que se confirmara que su ejecución estaría relacionada con el aseguramiento de casi dos millones de litros de combustible robado en la ciudad de Reynosa a finales de julio.

De acuerdo con la versión oficial emitida por la FGR, el crimen organizado estaría directamente implicado en este brutal atentado. Vázquez Reyna fue interceptado, atacado con explosivos, sacado de su vehículo y finalmente rematado en el lugar, en lo que se considera un acto de alto impacto y con mensaje directo hacia las instituciones de seguridad.

El operativo al que se vincula este homicidio fue uno de los más grandes registrados recientemente: el Gabinete de Seguridad aseguró 1.8 millones de litros de gasolina y otros combustibles en una bodega clandestina ubicada en la colonia La Escondida, zona dominada históricamente por células del crimen organizado.

La región vive una guerra territorial entre el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos declarados como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Además del narcotráfico, la zona se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de migrantes, armas y huachicol, lo que incrementa la violencia y la complejidad operativa de las autoridades.

El gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, respaldó la hipótesis de la FGR, señalando que el asesinato podría ser una reacción directa del crimen ante los recientes golpes contra sus operaciones. “Seguramente alguna situación de esta naturaleza puede ser, en el fondo, una de las respuestas que estamos viendo en este momento”, expresó.

Tras el ataque, varios equipos especializados de la FGR fueron trasladados vía aérea a Reynosa para reforzar la investigación. Hasta el momento no se han reportado detenciones, pero las autoridades aseguran que se están analizando todas las líneas posibles.

El homicidio de Vázquez Reina evidencia una vez más el riesgo extremo al que están expuestos los operadores de la justicia en entidades donde el Estado no ha logrado recuperar el control territorial, y donde el poder del crimen organizado impone sus propios límites a la ley.