El mensaje no cayó en el vacío. La visita del funcionario de la ONU ocurrió del 19 al 22 de abril y, desde su anuncio oficial, contemplaba encuentros con autoridades, sociedad civil, víctimas de violaciones a derechos humanos y familias de personas desaparecidas. Es decir, el tema no fue un asunto lateral de agenda, sino uno de los ejes centrales de la misión.

La relevancia política del pronunciamiento crece por el contexto en que se da. Apenas a inicios de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió que la Asamblea General examine la situación mexicana, lo que abrió una nueva fase de presión internacional. El gobierno de Sheinbaum respondió a la defensiva, acusando sesgo en el informe y descalificando sus conclusiones, mientras Morena cerró filas para rechazar el señalamiento. La llegada de Türk, en medio de ese forcejeo, convirtió su visita en algo más que un acto diplomático: fue una prueba de hasta dónde la ONU estaba dispuesta a sostener públicamente la gravedad de la crisis.

Y el mensaje fue claro. Al destacar la labor de las buscadoras, Türk no solo reconoció el trabajo de miles de mujeres que han hecho lo que el Estado no ha podido —o no ha querido— hacer con eficacia, sino que les otorgó legitimidad internacional en un momento en que sus exigencias chocan con la narrativa oficial. No es menor: la propia oficina de la ONU ha documentado desde antes el acompañamiento a víctimas, familiares y colectivos, así como la visibilización de la lucha de quienes buscan a sus desaparecidos. Incluso ha presentado a esas familias como un motor central en la exigencia de verdad y justicia.

Ese reconocimiento se produce además en medio de una disputa por las cifras. En marzo, el gobierno federal informó que más de 40 mil registros de personas desaparecidas mostraban actividad en bases de datos oficiales y podrían corresponder a personas vivas, dentro de un universo nacional superior a 130 mil casos. Sin embargo, Reuters reportó que menos de 10% de los expedientes con registros completos estaban bajo investigación criminal, lo que exhibe un problema estructural: más allá del debate sobre la depuración del padrón, la debilidad institucional para investigar y buscar sigue intacta.

Ahí está el fondo del asunto. Mientras el gobierno intenta trasladar la discusión hacia errores de registro, inconsistencias estadísticas o sesgos políticos de organismos internacionales, la ONU devuelve el foco a lo esencial: la tragedia humana, la impunidad y la insuficiencia de la respuesta estatal. Que el alto comisionado haya definido las desapariciones como uno de los desafíos más graves y dolorosos de México implica, en los hechos, que la crisis no puede ser reducida a un diferendo técnico ni a una controversia partidista. Es un problema de derechos humanos de escala estructural.

La otra lectura de fondo es aún más incómoda para el poder. Al reivindicar a las buscadoras, Türk colocó a las víctimas y a sus colectivos en el centro moral del debate público, no al Estado. En un país donde las familias han terminado haciendo trabajo de campo, presión política, documentación y hasta búsqueda forense, el respaldo de la ONU funciona también como una enmienda al discurso oficial: si las madres buscadoras siguen siendo indispensables, es porque la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.