Lo que durante años fue presentado como una alianza política exitosa dentro de Morena hoy se encuentra bajo la sombra de las sospechas. Las acusaciones que rodean a Rubén Rocha Moya han alcanzado también a Américo Villarreal y Alfonso Durazo, tres gobernadores del norte del país cuyas trayectorias políticas aparecen cada vez más vinculadas en investigaciones y señalamientos relacionados con el crimen organizado.

Por David Fuentes M.

Cuando Rubén Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa en noviembre de 2021, una frase pronunciada durante la ceremonia de toma de protesta en el Congreso del Estado, llamó poderosamente la atención.

Desde el estrado, Rocha Moya se dirigió a Américo Villarreal, entonces senador de Morena y uno de los operadores de su campaña electoral, y declaró: “Ya te lo pagaré en Tamaulipas, Américo”.

La expresión parecía una cortesía política entre aliados. Sin embargo, en realidad se trataba de una frase que dejaba en claro la turbia complicidad entre ambos personajes, quienes no dudaron en servirse de sus alianzas presuntamente con el crimen organizado para llegar al poder.

La historia que hoy conecta a Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal se remonta al proceso electoral de 2021, cuando el partido Morena designó a Villarreal como delegado político en Sinaloa para coordinar trabajos internos y acompañar la candidatura de Rocha Moya a la gubernatura.

El entonces senador tamaulipeco había llegado a Morena pocos años antes, tras una larga trayectoria en el PRI. Desde el Senado construyó una relación cercana con Rocha Moya, con quien compartió escaño desde 2018. Durante la campaña sinaloense ambos aparecieron juntos en múltiples eventos públicos y Villarreal se convirtió en una de las piezas clave de la operación política que llevó al morenista al triunfo electoral.

TODO SE CONECTA

La relevancia de aquella elección adquirió una nueva dimensión cuando distintas investigaciones periodisticas dieron a conocer que integrantes de Los Chapitos habrían intervenido en el proceso electoral de Sinaloa mediante actos de intimidación, secuestros y presuntas maniobras para favorecer la candidatura de Rocha Moya.

Un reporta publicado recientemente por el diario Los Angeles Times señaló que autoridades estadounidenses estarían investigando no solo a Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, sino también al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

En el caso de Villarreal, los señalamientos se centran en un nombre: Sergio Carmona Angulo. Conocido como el Rey del Huachicol, Carmona construyó un poderoso entramado empresarial en Tamaulipas antes de ser asesinado en noviembre de 2021 mientras se encontraba en una barbería de San Pedro Garza García.

Diversos reportajes periodísticos sostienen que el empresario financió campañas políticas de Morena en distintos estados del país mediante recursos provenientes de operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles.

Las investigaciones periodísticas describen una red de relaciones políticas que incluye a funcionarios, legisladores y gobernadores de distintas entidades. Entre los nombres mencionados aparecen Américo Villarreal, así como otros gobernadores morenistas de estados fronterizos.

De acuerdo con esas publicaciones, las empresas vinculadas a Carmona recibieron contratos millonarios de dependencias federales mientras el empresario consolidaba su influencia dentro de círculos políticos cercanos a Morena. Los reportajes también documentan presuntos esquemas de financiamiento electoral y relaciones entre operadores políticos y estructuras empresariales vinculadas al llamado huachicol fiscal.

EL OTRO IMPLICADO

En ese contexto aparece también Alfonso Durazo. Aunque los señalamientos que lo involucran son distintos a los relacionados con Carmona, diversos analistas han destacado que comparte con Rocha Moya y Villarreal una característica común: forman parte de una generación de gobernadores de los estados del norte, emandos del mismo partido.

En octubre de 2019, Durazo Montaño era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal cuando ocurrió el operativo para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, el llamado Culiacanazo. Tras la violencia desatada por integrantes del Cártel de Sinaloa, el gobierno decidió liberar a Ovidio. Durazo fue uno de los funcionarios encargados de explicar públicamente lo ocurrido.

Entre los datos que han alimentado la polémica en torno a Alfonso Durazo destaca la coincidencia escolar entre su hijo, Alfonso Durazo Chávez, y Ovidio Guzmán López. Fotografías de anuarios difundidas en medios nacionales sugieren que ambos compartieron aulas durante su infancia en la Ciudad de México.

La polémica se amplió todavía más con el caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. La mandataria fronteriza reconoció públicamente en 2025 la revocación de su visa estadounidense, aunque rechazó que exista alguna investigación penal en su contra.

Así, mientras las investigaciones continúan y los gobiernos involucrados rechazan cualquier vínculo con actividades ilícitas, el mapa político del norte del país enfrenta uno de sus momentos de mayor incertidumbre.

Lo que comenzó con las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha terminado por proyectar sombras sobre gobernadores, operadores políticos y grupos de poder que durante años compartieron campañas, alianzas y proyectos dentro de Morena.