De periodista crítica y combativa a funcionaria defensora del poder

El trayecto de la subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa, Patricia Figueroa Sauceda, refleja la transformación —para algunos, la claudicación— de una voz incómoda para el sistema en un engranaje más del gobierno de Rubén Rocha Moya, al que hoy protege incluso frente al dolor de las madres buscadoras. Su confrontación con la diputada Paola Gárate Valenzuela destapó una serie de señalamientos por prepotencia, insensibilidad y obstaculización de la búsqueda de personas desaparecidas.

Por Santiago Rentería.

El pasado 16 de febrero, en una reunión sostenida en Palacio de Gobierno con colectivos de madres buscadoras, la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Patricia Figueroa Sauceda, volvió a colocarse en el centro de la polémica. No fue por avances en la localización de personas desaparecidas ni por acciones concretas de acompañamiento institucional, sino por un altercado verbal que exhibió el talante con el que la funcionaria enfrenta la crítica y el reclamo social.

Al advertir la presencia de la diputada priista Paola Gárate Valenzuela, quien acompañaba a los colectivos, Figueroa increpó a la legisladora, cuestionó su asistencia, desconoció su investidura y lanzó una serie de descalificaciones que contrastaron con el clima de exigencia y dolor que prevalecía entre las madres. Mientras ellas reclamaban resultados, la representante gubernamental parecía más preocupada por blindar al gobierno estatal de cualquier señalamiento político.

La confrontación no quedó ahí. Un día después, el 17 de febrero de 2026, desde la tribuna del Congreso del Estado de Sinaloa, la diputada priista exigió la renuncia inmediata de la subsecretaria, acusándola de entorpecer y obstaculizar el acompañamiento de los colectivos en labores de búsqueda realizadas en fosas clandestinas ubicadas en El Verde, municipio de Concordia.

Acompañada por integrantes de diversos colectivos de búsqueda, Gárate Valenzuela denunció presuntas actitudes intimidatorias, groseras y despectivas por parte de la funcionaria estatal. Según relataron, una reunión prometida con la Secretaría General de Gobierno, la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía y autoridades federales fue sustituida, sin previo aviso, por la presencia de Figueroa, quien —afirman— llegó con una postura confrontativa y ofensiva.

“Se ofreció una reunión institucional y quien llegó fue la subsecretaria de Derechos Humanos con groserías, ofensas y calificaciones. Por eso exigimos su renuncia inmediata”, señaló la legisladora.

El fondo del conflicto no es menor. De acuerdo con la diputada, las madres buscadoras tienen derecho a presenciar, al menos como observadoras, las labores encabezadas por autoridades federales en zonas serranas donde se presume la existencia de fosas clandestinas. Lejos de facilitar este acompañamiento, Figueroa habría advertido supuestos riesgos y acusado tintes políticos en la presencia de Gárate, lo que fue interpretado como una falta absoluta de sensibilidad hacia las familias de personas desaparecidas.

DE LA CRÍTICA AL PODER MISMO

La polémica cobra mayor fuerza cuando se revisa el pasado de la hoy funcionaria. En 2018, Patricia Figueroa publicó el libro “Ética en tiempos de guerra”, una obra en la que cuestiona la corrupción en el periodismo sinaloense, particularmente en la cobertura de la nota roja, y describe la relación de desconfianza —y, a la vez, convivencia forzada— entre periodistas y corporaciones policiacas.

En ese texto, Figueroa se asumía como una voz crítica frente a un estado marcado por la violencia, la impunidad y la colusión de autoridades. Hoy, sus detractores sostienen que aquella postura quedó sepultada bajo la lógica del cargo público. De periodista incómoda pasó —acusan— a funcionaria que limita coberturas, controla narrativas y silencia el dolor de las familias para evitar que el gobierno de Rocha Moya sea exhibido, lo que se traduce también en corrupción.

Las críticas no se han limitado a tribunas políticas. En redes sociales, usuarios y activistas la señalan por haber transitado de la denuncia al servilismo, de la ética al pragmatismo del poder.

EL RESPALDO DEL GOBERNADOR

Pese a la exigencia pública de destitución, el gobernador Rubén Rocha Moya cerró filas con su subordinada. Aseguró que no deben atenderse “expresiones políticas”, sino los resultados obtenidos por la subsecretaria.

El mandatario defendió la actuación de Figueroa y destacó su papel en la construcción de tres centros de resguardo e identificación humana —conocidos como panteones forenses— en Culiacán, Mazatlán y Ahome.

Sin embargo, para los colectivos de búsqueda, la existencia de infraestructura no sustituye la empatía, el acompañamiento ni el respeto a quienes buscan a sus hijos, esposos o hermanos entre la tierra removida y el abandono institucional.

El caso de Patricia Figueroa Sauceda no es aislado: es reflejo de un gobierno que privilegia el control político sobre los derechos humanos y que confunde la crítica con ataque. En ese tránsito, quienes ayer denunciaban los abusos del poder hoy parecen dispuestos a ejercerlos.