Por David Fuentes M.

El pasado 20 de marzo, la exsecretaria de Bienestar en Sinaloa, María Inés Pérez Corral, publicó en Facebook un mensaje que agitó el escenario político local: “A todos los que hemos declarado que estamos con Imelda Castro, nos han estado difamando, espero que no haya muertes por ello. Somos gente de paz”.

La advertencia, escrita en un contexto preelectoral ya cargado de tensiones, provocó reacciones inmediatas en redes sociales y dentro del propio gobierno estatal.

El gobernador Rubén Rocha Moya respondió marcando distancia. Aseguró que no existe veto alguno contra la senadora Imelda Castro y rechazó tener injerencia en la definición de quién será su sucesor: “Yo no soy el que va a seleccionar a quien me supla”, afirmó.

Calificó la publicación de Pérez Corral como “fuera de foco” y “exagerada”, subrayando que, tras dejar la Secretaría de Bienestar, se mantiene como su asesora con nombramiento formal. También pidió que, de existir amenazas reales, se denuncien ante las autoridades y no solo en redes sociales.

TENSIONES

El cruce de declaraciones ocurre en un ambiente que se ha enrarecido en las últimas semanas, particularmente tras el atentado contra Sergio Torres, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y aspirante a la gubernatura en 2027.

Con más de tres décadas de trayectoria –que incluye cargos como alcalde de Culiacán, funcionario estatal y diputado local y federal– Torres es uno de los perfiles políticos más visibles en Sinaloa. El ataque armado lo dejó hospitalizado en estado grave y dejó también herida a la diputada Elizabeth Montoya, además de una persona de su equipo de seguridad.

De acuerdo con los primeros señalamientos, el ataque habría sido atribuido a una célula criminal, en medio de un contexto de violencia prolongada que acumula más de 500 días de enfrentamientos, asesinatos y desapariciones en Sinaloa.

Justamente este periodo de violencia por el que atraviesa el estado inició el 25 de julio de 2024, fecha en la que fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fuera uno de los actores con mayor peso político en el estado y también aspirante a la gubernatura.

Cinco días antes de su asesinato, en un mensaje difundido públicamente, Cuén había responsabilizado al gobierno estatal encabezado por Rocha Moya de cualquier agresión en su contra. Su muerte marcó un punto de inflexión en la disputa política local.

LA PERSECUSIÓN POLÍTICA

La confrontación no se limita a estos episodios. Durante el actual sexenio, el gobierno de Rocha ha desplazado a diversos actores que en su momento representaron contrapesos o aspiraciones propias hacia 2027.

Entre ellos, Jesús Estrada Ferreiro, Luis Guillermo Benítez Torres y Gerardo Vargas Landeros. En los tres casos, procesos institucionales (investigaciones, desafueros y acusaciones públicas) derivaron en su salida del cargo y en su defenestración política.

Ninguno de estos actores fue encarcelado, pero todos quedaron fuera de la competencia real. Paralelamente, figuras cercanas al gobernador han mantenido presencia sin afectaciones similares, lo que ha alimentado la percepción de una aplicación selectiva de las instituciones.

La ruptura más significativa fue con Cuén Ojeda. La alianza entre Morena y el Partido Sinaloense fue clave en 2021, pero se fracturó al año siguiente tras su salida del gabinete estatal. El conflicto escaló hacia la Universidad Autónoma de Sinaloa, con investigaciones y disputas que se prolongaron hasta su asesinato.

SE PERFILA UNA CONTIENDA COMPLEJA

En este contexto, la sucesión de 2027 se perfila como una contienda compleja. Aunque el gobernador ha insistido en que no habrá imposiciones, dentro del escenario político se mencionan perfiles cercanos a su grupo, como Enrique Inzunza Cázarez, así como Graciela Domínguez y Teresa Guerra. En el caso de Imelda Castro, su respaldo en el ámbito nacional contrasta con un menor control territorial en el estado.

En paralelo, otros actores comienzan a moverse. Pérez Corral, por ejemplo, perfila una posible candidatura a la alcaldía de Culiacán por el Partido del Trabajo, en un escenario donde ese instituto político ha tenido resultados marginales, con antecedentes recientes de votaciones que apenas superan el 2.5 por ciento.

El proceso electoral de 2027 renovará de manera simultánea la gubernatura, las 20 alcaldías, el Congreso local y diputaciones federales, lo que intensifica la disputa por el poder. Desde inicios de 2026, el estado ha entrado en una fase preelectoral marcada por competencia interna, reposicionamientos y confrontaciones narrativas, donde las redes sociales jugarán un papel central en la difusión de mensajes, denuncias y campañas de desgaste.

A poco más de un año de las elecciones, Sinaloa se encamina hacia un proceso en el que la disputa política y la violencia avanzan al mismo ritmo. Los hechos recientes –el atentado contra Sergio Torres, el asesinato de Cuén Ojeda y los reacomodos dentro del partido Morena– configuran un escenario donde la incertidumbre predomina en la antesala a 2027.