Mientras las familias de los desaparecidos marchan por el malecón exigiendo a las autoridades que atiendan sus casos, para los gobiernos municipal y estatal lo principal ha sido proteger la imagen del puerto ante el Carnaval 2026. Pero los casos de turistas privados de la libertad en Mazatlán resuenan en todo el país sin que las autoridades puedan esconder la ingobernabilidad que se vive en Sinaloa.

Por David Fuentes M.

El caso más reciente que encendió las alertas sobre la seguridad de los turistas en Mazatlán ocurrió a inicios de febrero, cuando seis integrantes de una familia originaria del Estado de México fueron privados de la libertad mientras vacacionaba en el puerto.

El viaje había sido planeado como una celebración familiar por el cumpleaños de la madre, Verónica Sabino Contreras. Tras varios días recorriendo la ciudad, los hermanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, así como su cuñado Óscar García Hernández, rentaron vehículos tipo razer para realizar un paseo por la Zona Dorada.

Fue la última vez que se supo de ellos. Los vehículos fueron encontrados abandonados. Posteriormente, la esposa de Óscar y su hija de nueve años fueron localizadas en la comunidad de El Habal, en la zona rural de Mazatlán, en estado de shock y sin lesiones visibles. Hasta ahora, los cuatro hombres continúan desaparecidos.

MANIFESTACIÓN EN CIUDAD DE MÉXICO

Ante la desesperación, Verónica Sabino bloqueó avenidas principales en la Ciudad de México con mantas en las que se leía “Mazatlán, regrésanos a nuestros hijos”, exigiendo la intervención de los gobiernos estatal y federal. A unas semanas de los hechos, los operativos anunciados no han arrojado resultados visibles, mientras el caso se suma a otros ocurridos en circunstancias similares en el mismo destino turístico.

EL CASO CARLOS EMILIO

Meses antes, otro nombre ya se había convertido en símbolo de la vulnerabilidad de los turistas que visitan Mazatlán: Carlos Emilio Galván Valenzuela, duranguense de 21 años, recién egresado de la carrera de Gastronomía.

Carlos Emilio desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 dentro del antro Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada. De acuerdo con los testimonios de sus primas, el joven se levantó de la mesa para ir al baño y nunca regresó. Su teléfono celular dejó de tener señal minutos después.

La familia denunció irregularidades desde las primeras horas. Una de las primas intentó ingresar a los sanitarios para buscarlo, pero un guardia de seguridad se lo impidió, asegurando que no había nadie más en el interior. Posteriormente, el personal del establecimiento negó el reingreso al lugar durante más de media hora y, según la madre del joven, Brenda Valenzuela Gil, el bar se negó inicialmente a entregar los videos de seguridad.

El caso tomó relevancia política al confirmarse que Terraza Valentino es propiedad del ahora exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, quien se vio obligado a renunciar a su cargo –y a todas sus aspiraciones políticas– semanas después de que el establecimiento fuera cateado. Colectivos y organizaciones civiles han señalado que este vínculo ha contribuido a la opacidad del caso y a la falta de resultados, mientras la desaparición de Carlos Emilio permanece sin avances.

Para los colectivos de búsqueda de Durango, la historia de Carlos Emilio no es un hecho aislado. Madres Buscadoras de Durango mantiene activas más de 20 fichas de personas originarias de ese estado desaparecidas principalmente en Mazatlán. Otros colectivos, como Buscando Emilios, han documentado al menos 18 casos activos entre 2024 y 2025. Las familias coinciden en una narrativa común: jóvenes que viajan por turismo o trabajo y de los que, de pronto, no vuelve a saberse nada.

LOS NÚMEROS CRUDOS

Las cifras oficiales reflejan una crisis mayor. Desde el inicio de la narcoguerra interna del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, se han reportado alrededor de 700 personas desaparecidas solo en este municipio. Pese a la magnitud del problema, la Vicefiscalía Regional Zona Sur cuenta con apenas tres ministerios públicos especializados para atender hasta 45 casos semanales de desaparición.

La percepción ciudadana acompaña los datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en diciembre de 2025 casi 80 por ciento de los habitantes de Mazatlán se sentían inseguros, un aumento de más de 27 puntos porcentuales respecto a mediciones previas.

Aun así, el discurso oficial insiste en minimizar la situación. Mientras la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, recomendó evitar viajar al puerto, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó que existiera una crisis y defendió la imagen turística del destino.

ANTE TODO, EL CARNAVAL

Ese contraste se volvió más evidente en vísperas del Carnaval de Mazatlán 2026. A pesar de los secuestros, desapariciones y del hallazgo de una fosa clandestina en Concordia, las autoridades estatales mantienen las celebraciones bajo el lema “Arriba la Tambora”. La Secretaría de Turismo proyecta una derrama económica superior a los mil 200 millones de pesos, una ocupación hotelera cercana al 87 por ciento y la llegada de más de 92 mil turistas.

Para empresarios y autoridades, el carnaval representa el principal motor económico del puerto. Para las familias de los desaparecidos, es un recordatorio doloroso de cuáles son las prioridades del gobierno de Rocha.

Mientras se afinan operativos para proteger desfiles y conciertos, madres y padres continúan marchando, pegando fichas de búsqueda y denunciando que, en Mazatlán, el turismo sigue siendo una vitrina que oculta una grave crisis de desapariciones.