Reportaje publicado en la Edición 416
La planta de amoniaco en Topolobampo no solamente representa un megaproyecto industrial, sino también un caso emblemático de la tensión entre desarrollo económico, derechos indígenas y protección ambiental.
Por David Fuentes M.
El pasado 5 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) esté actuando en contra de las comunidades indígenas de la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome.
Las declaraciones se dieron en respuesta al periodista Julio Astillero, quien expuso durante la conferencia matutina presidencial las denuncias de pueblos Mayo-Yoreme que se oponen a la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo.
“Quien litiga contra las comunidades es la Semarnat, es decir, el gobierno federal, en un proceso que fue impulsado por Gerardo Vargas Landeros, que era secretario de Gobierno con Malova y en el que participó, además, el despacho jurídico de Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa”, expuso el periodista.
La respuesta de la presidenta fue tajante: “No te acepto que la Semarnat esté trabajando en contra de las comunidades. No es verdad que esté litigando a favor de una empresa. Lo que hace por ley es recibir las manifestaciones de impacto ambiental y evaluar si el proyecto tiene viabilidad o no”.
Sin embargo, los pueblos indígenas que han expresado su oposición a la construcción de la planta desde hace diez años, mantienen una postura muy distinta: sostienen que la Semarnat no ha actuado de manera imparcial, sino que litiga directamente contra ellos, respaldando un
proyecto industrial que amenaza con alterar el ecosistema de la bahía, así como sus formas de vida.
Las comunidades aseguran que la consulta indígena realizada en noviembre de 2022 fue en realidad una “consulta simulada”, diseñada por el entonces subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, para favorecer una respuesta positiva a la construcción de la planta.
El procedimiento de consulta incluyó a 15 comunidades, muchas de las cuales están lejos de la zona que se vería directamente impactada por la planta. De estas comunidades, once votaron a favor del proyecto.
Sin embargo, cuatro comunidades que son clave por su ubicación en la bahía de Ohuira (Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones y Juan José Ríos) se opusieron. De esta manera, señalan, la consulta se diseñó para su aplicación mayoritaria en lugares alejados de la zona afectada con la planta de amoniaco, ya que las autoridades sabían de antemano que en las comunidades ubicadas en la Bahía de Ohuira el resultado iba a ser en contra.
VOCES OPOSITORAS
Los opositores alegan que la consulta no respetó el principio de libre determinación, ni fue previa, ni informada, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además, acusan omisiones e irregularidades administrativas durante el proceso.
A pesar de estas acusaciones, un fallo del Juzgado Séptimo de Distrito en Sinaloa avaló el procedimiento, descartando las violaciones argumentadas por los pueblos indígenas.
LA CONSTRUCCIÓN EN TOPOLOBAMPO
El proyecto contempla la producción de dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco y ha sido catalogado como estratégico para alcanzar la
soberanía alimentaria del país, debido a su potencial para reducir costos en la producción de fertilizantes.
No obstante, el 80 por ciento de la producción estaría destinada a la exportación, lo que ha generado aún más inconformidad entre los opositores.
La empresa alemana GPO que se encarga del proyecto reinició la construcción de la planta en agosto de 2024, tras años de litigios y suspensiones. A pesar de la existencia de tres amparos activos, el gobierno estatal confirmó que, al no haber suspensión definitiva, la obra puede continuar.
José Luis Zavala Cabanillas, subsecretario de Promoción y Competitividad de Sinaloa, defendió la legalidad del proceso y aseguró que la planta es segura, basándose en dictámenes periciales.
Los pueblos que se oponen a la planta advierten que su construcción pone en riesgo la subsistencia de más de 500 familias que dependen de la pesca en la bahía, donde capturan jaiba, mojarra, lisa, róbalo y camarón.
La instalación de una infraestructura industrial de gran escala con tanques que almacenarán grandes volúmenes de amoniaco anhidro representa una amenaza ambiental.
El caso ha escalado a tal nivel que los pueblos opositores ya preparan una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el Estado mexicano ha vulnerado sus derechos fundamentales. La propia Semarnat, según declaraciones del periodista Astillero, ha actuado como parte demandante en juicios contra las comunidades, algo que la actual administración federal niega.
Por su parte, figuras clave de la administración anterior, como María Luisa Albores y Adán Augusto López, fueron señalados por haber prometido reuniones con los pueblos afectados que nunca se realizaron. Además, el
proceso ha estado marcado por la participación de intereses políticos y empresariales de alto nivel, como el despacho jurídico de Francisco Labastida Ochoa.