Por Redacción

La victoria judicial que Gerardo Vargas Landeros consiguió en uno de los procesos abiertos en su contra duró poco en el terreno político. Apenas un día después de que se conociera el amparo que dejó sin efecto una vinculación a proceso, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa recordó públicamente que el exalcalde de Ahome todavía enfrenta otras dos causas penales por presuntos actos de corrupción.

El movimiento ocurre en un momento especialmente sensible: Vargas Landeros busca participar en la definición de la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, posición que representaría la antesala de la candidatura de Morena al Gobierno de Sinaloa.

Aunque jurídicamente los expedientes nunca estuvieron archivados, su exposición pública los devolvió al centro de la discusión política, justo cuando el exalcalde intentaba presentar la resolución favorable como una reivindicación frente a las acusaciones promovidas por la Fiscalía sinaloense.

El amparo que ganó no cerró todos los procesos

El 28 de julio, un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Gerardo Vargas y ordenó dejar sin efecto la vinculación a proceso relacionada con la presunta negativa del Ayuntamiento de Ahome a entregar información solicitada por la Fiscalía.

El órgano jurisdiccional consideró insuficientes los datos presentados para acreditar, de manera probable, los delitos que se le imputaban en esa causa.

Sin embargo, esa resolución correspondía únicamente a uno de los expedientes abiertos contra el exalcalde. No representó una absolución general ni canceló las otras investigaciones relacionadas con contratos celebrados durante su administración municipal.

Un día después, la Fiscalía de Sinaloa emitió un comunicado para precisar que permanecen activos dos procesos penales diferentes, actualmente en etapa intermedia y con audiencias programadas para agosto de 2026.

La reacción institucional tuvo una lectura inevitablemente política: cuando Vargas Landeros comenzaba a capitalizar públicamente su amparo, la Fiscalía colocó nuevamente sobre la mesa los expedientes de las patrullas y la recuperación del ISR.

Patrullas por más de 171 millones de pesos

El primero de los procesos está relacionado con el arrendamiento de 126 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome, por un monto superior a 171 millones de pesos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sostiene que el contrato fue otorgado mediante adjudicación directa, pese a que, por su monto y características, debió realizarse una licitación pública.

En este expediente fueron vinculados a proceso Gerardo Vargas Landeros y los exfuncionarios identificados como Genaro “N”, Julio César “N”, Antonio Humberto “N”, Gerardo Iván “N”, Héctor Adonaí “N”, Judith Elena “N”, Fausto Rubén “N” y Marysol “N”.

Los señalados enfrentan imputaciones relacionadas con el presunto delito de desempeño irregular de la función pública. En el caso particular de Vargas Landeros, también se le atribuye ejercicio indebido del servicio público.

La defensa del exalcalde promovió un juicio de amparo para intentar revertir la vinculación correspondiente a este contrato. No obstante, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito confirmó por unanimidad la resolución al resolver el amparo en revisión 131/2026.

Con esta determinación, el proceso deberá continuar hacia la audiencia intermedia, donde se discutirán las pruebas que podrán ser utilizadas en un eventual juicio.

La asesoría que cobró más de 33 millones

El segundo expediente deriva de la contratación directa de servicios profesionales para recuperar recursos del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a participaciones federales.

De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía, el Ayuntamiento de Ahome logró recuperar alrededor de 96.9 millones de pesos y posteriormente pagó 33.72 millones a la empresa contratada para realizar las gestiones.

El pago representó cerca del 35 por ciento de los recursos recuperados. La acusación sostiene que el procedimiento podía ser realizado directamente por el municipio ante el Servicio de Administración Tributaria y con apoyo de autoridades estatales, sin necesidad de contratar un despacho externo por esa cantidad.

En este caso fueron vinculados Gerardo Vargas y los exservidores públicos identificados como Genaro “N”, Cecilia “N”, Antonio Humberto “N”, Gerardo Iván “N”, Héctor Adonaí “N”, Fausto Rubén “N”, Judith Elena “N” y Marysol “N”.

También aquí Vargas Landeros enfrenta imputaciones por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

Agosto, el mes clave

Las audiencias intermedias de los dos procesos fueron programadas para agosto. En esta fase, la Fiscalía y las defensas presentarán sus argumentos, discutirán la admisión o exclusión de pruebas y se determinará si los expedientes avanzan hacia juicio oral.

La vinculación a proceso no implica que Vargas Landeros sea penalmente responsable. Esa determinación solamente puede surgir de una sentencia, por lo que conserva la presunción de inocencia.

Sin embargo, en términos políticos, la sola permanencia de dos causas penales representa un obstáculo para quien busca convertirse en una de las cartas de Morena rumbo a la sucesión gubernamental.

Vargas Landeros sostiene que conserva sus derechos políticos y que las resoluciones judiciales le permiten continuar participando en el proceso interno. Pero la confirmación de una vinculación y la proximidad de dos audiencias intermedias complican la narrativa de persecución completamente derrotada en tribunales.

Expedientes judiciales, mensaje político

La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. Vargas obtuvo un amparo que podía fortalecer su posición interna y, casi inmediatamente, la Fiscalía recordó que existen otros dos expedientes que siguen caminando.

No se revivieron jurídicamente porque nunca estuvieron cerrados. Lo que se reactivó fue su peso público y político.

La pregunta ya no es solamente si la Fiscalía conseguirá sostener sus acusaciones ante un juez, sino qué efectos tendrán los procesos en la definición de Morena. Las audiencias de agosto podrían desarrollarse al mismo tiempo que el partido mide, descarta o posiciona a sus aspirantes.

Gerardo Vargas logró tumbar una vinculación, pero no consiguió cerrar el frente judicial. Mientras busca aparecer en las encuestas por la candidatura al Gobierno de Sinaloa, dos contratos millonarios de su administración en Ahome regresan para recordarle que su futuro político también se disputará en los tribunales.